​El Ladrillo del Sur involucra a gerentes del GRA

Un año de demora y 19 millones de soles en pérdidas son los resultados de las 18 paralizaciones que desde mayo promovió la presunta organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur en la ampliación del Complejo Penitenciario Socabaya.

Con los problemas ocasionaron que los trabajos, que debían entregarse en marzo de 2021, se prolongaran por un año más.

REVELACIÓN. Juan Gabino Mendoza Ticona, residente de la construcción y testigo de la Fiscalía, detalló ayer en la audiencia de instalación del proceso que la mafia influyó en los paros de los obreros de Construcción Civil, porque el Consorcio Penitenciario Misti se negaba a que ingresen más trabajadores a las planillas.

En enero, cuando la obra comenzó, se firmó un convenio aceptando que el 40% de trabajadores sea del sindicato. Sin embargo, el secretario del gremio, Andrés Saya, presionó para que este porcentaje aumentara.

La misma modalidad se utilizó en el caso de la vía de cuatro carriles en Ciudad de Dios -Yura y en la construcción del hospital Maritza Campos Diaz (Cerro Colorado, proyectos a cargo del Gobierno Regional de Arequipa.

La fiscal del caso, Rosmery Mendoza, indicó ayer que se observó un perjuicio contra las empresas constructoras y los obreros, debido a que se les descontaba cada semana S/6 por la cuota sindical, lo que consideró un "aporte ilegal, porque se daba bajo presión", y que terminaba en una cuenta de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, según la Fiscalía.

GERENTE. Para cometer los ilícitos, el sindicato habría recibido ayuda de la Gerencia Regional de Trabajo, cuyo titular, José Luis Carpio Quinta, sostuvo sospechosas conversaciones telefónicas con Andrés Saya, según el Ministerio Público.

"Hemos designado a dos inspectores para que participen en nuestros extra procesos, mañana hay tres extra procesos a los 9 cuatro carriles" le informa Carpio a Saya. La otra parte de la presión era mediante la firma de actas de acuerdos ante el GRA en reuniones en las que intervinieron el gerente general Gregorio Palma y otros funcionarios regionales que también son incluidos en el proceso.