Abogados constitucionalistas defendieron ayer la soberanía constitucional del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se vio ayer el caso de la inaplicación de la Ley de Amnistía en el caso de Barrios Altos y La Cantuta.
La representación nacional, que comenzó con la intervención del abogado César Pastor, comenzó negando el uso del término “conflicto interno” por referirse a la lucha contra el terrorismo, y la situación de procesados que llevan tres a cuatro décadas esperando sentencia, específicamente para militares, policías y miembros de comités de autodefensa.
Fue el constitucionalista y agente del Estado ante la CIDH, Jorge Luis Cáceres Arce, destacó que la representación nacional no defiende la impunidad de delitos comunes o de lesa humanidad, sino que busca el respeto de las competenciales y funciones que la Constitución le asigna a las instituciones.
“Estamos pidiendo que se respete el principio de subsidiariedad y que se agoten los procesos internos, como ya se ha aplicado en 47 casos de militares comprendidos entre 1980 y 2000 y donde jueces ordinarios han desestimado el requerimiento de procesados por delitos como homicidio calificado o lesa humanidad (...) Un ejemplo adicional es que, el 20 de agosto, el juez Concepción Carhuancho desestimo el caso del procesado Castro Arias aplicando el control difuso”, sostuvo Cáceres Arce, al señalar que instituciones legítimas, como el Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público han presentado demandas constitucionales que el Tribunal Constitucional tendrá que resolver, sobre la pertinencia de la Ley de Amnistía.
“Hay que confiar en nuestras instituciones (...) en el Perú hay derechos humanos y no es cierto que no hay garantías”, alegó en diálogo con Correo al terminar la audiencia en Costa Rica.
ESPECIFICACIÓN
El constitucionalista también destacó que en el Perú, se debe aplicar la igualdad de derechos para aquellos que enfrentaron al terrorismo entre los años 80 al 2000. “Si hubo un exceso, debe ser sancionado. ¿Esos militares y hombres humildes de los Comités de Autodefensa, no tienen derecho al principio de respeto al plazo razonable? Están 30 y 40 años sin sentencia y han defendido a la patria. ¿Eso es humano, es razonable?”, señaló.
Ante la CIDH, el jurista destacó que la ley cumple con la racionabilidad jurídica y los requisitos para las leyes de amnistía según los estándares internacionales. Además, alegó, el artículo 102, inciso 6 de la Constitución faculta al Congreso a dar una ley de amnistía.
La defensa del Estado recayó en el constitucionalista Cáceres Arce y el abogado César Pastor, ambos arequipeños, junto a los representantes por el Congreso Ángel Delgado, William Oblitas y Manuel Peña.
En contraparte, en defensa de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se presentaron representantes de la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto Defensa Legal (IDL), y abogados de los familiares, quienes mostraron su rechazo a la Ley de Amnistía que consideran de impunidad y que esperan que la CIDH amplíe su posición para la no aplicación de la norma.
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