Fiscalía acusa a expresidente regional por caso Arequipa - La Joya

A pocas horas de que venza el plazo concedido por la Segunda Sala de Apelaciones de Arequipa, la fiscal anticorrupción Karina Barrientos emitió su dictamen sobre el caso Arequipa- La Joya. La magistrada decidió acusar por presunto delito de colusión agravada a los 21 investigadados que estaban comprendidos en el proceso, entre ellos, el expresidente regional Juan Manuel Guillén Benavides, los exasesores del gobierno regional, Delford Sarmiento y Miguel Ocharán y los representantes del consorcio ganador de la licitación para la elaboración de los estudios definitivos de la carretera a La Joya.

La fiscal Karina Barrientos expresó ayer que por este delito los procesados pueden recibir entre 6 a 15 años de cárcel efectiva, pero evito entrar en mayores detalles. La magistrada solicitó ayer la improcedencia de una tutela de derecho presentado por el ahora acusado Carlos Ríos, la cual fue aceptada por el juez Manfred Vera.

Génesis del caso. La investigación penal comenzó en Lima a raíz de la denuncia que hiciera uno de los participantes del consorcio Arequipa - La Joya, el ingeniero Jack López. Según contó a la fiscalía, el Gobierno Regional de Arequipa direccionó el proceso de licitación para para que salga ganador el consorcio integrado por las empresas españolas Clothos, EPYPSA y la peruana Jack López Ingenieros SAC.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso aperturó a comienzos del 2015 un expediente fiscal y pidió la prisión preventiva para Juan Manuel Guillén Benavides, los exasesor Delford Sarmiento y Miguel Ocharán, el exministro de economía, José Toledo Arburúa y los ciudadanos españoles Carlos Río Sanchez y Carlos Camacho Sevillano.

Las pruebas que presentó el magistrado fueron los correos eléctronicos que intercambiaron los funcionarios del gobierno regional con los empresarios españoles y en los que presuntamente se habrían dirigido los requisitos (términos de referencia) del proyecto.

El juez Manfred Vera aceptó el pedido de detención contra los investigados, pero a los pocos meses fueron dejados en libertad al no existir mayores pruebas que los involucraran en el caso. Para entonces, el caso fue derivado a la Fiscalía Anticorrupción de Arequipaque había sido creada recientemente.

La fiscal adjunta a la Primera Fiscalía Anticorrupción Karina Barrientos lideró la investigación después que el titular Arturo Valencia tuviera que alejarse por un tema de conflicto de intereses. Hoy la magistrada ha visto a bien que en este caso existen indicios de delito.

La defensa. La defensa del expresidente, Gonzalo Bellido, dijo ayer que esperará la notificación de la fiscalía para pronunciarse. Descartó que su patrocinado tenga responsabilidad en este caso. En una declaración anterior aseveró que los informes de la Contraloría General de la República no tenían el carácter de pericia y por lo tanto, no existían pruebas que determinen que hubo un perjuicio económico en el proyecto.

Por su parte, la abogada de Carlos Ríos, Milagros Sierra, dijo que hasta ayer no habían sido informados de la decisión de la fiscal, pero señaló que su patrocinado estaba comprendido como cómplice en el caso. Añadió que ahora se encuentra bajo comparecencia con restricciones por lo que tiene que firmar cada mes ante el juzgado.Por último indicó que apelará la decisión del juez Vera que desestimó su pedido de vulneración de derechos por ser extemporánea.

Horas más tarde, el Ministerio Público informó que se ha conformado un equipo de tres fiscales para que lleven adelante este caso, por disposición del fiscal coordinador nacional, César Zanabria Chávez.

En tanto, se espera que en un plazo no mayor de 10 días se de inicio a la audiencia de control de acusación para establecer si el caso cumple con los procedimientos legales para que finalmente pase a juicio oral.