El avance de la tecnología ha traído beneficios incuestionables, pero también ha abierto nuevas vías para la criminalidad. Una de las más preocupantes es el fraude informático, un delito que se ha convertido en una amenaza constante para los ciudadanos, esta actividad ilícita representa alrededor del 70 % de los casos investigados por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Arequipa, creada en 2023.
El fiscal Eder Salas Flores, fiscal adjunto de la Fiscalía de Ciberdelincuencia de Arequipa, explicó que el fraude informático se comete sin necesidad de robar físicamente documentos, tarjetas o celulares. Muchas veces, las víctimas ni siquiera se percatan del momento en que el dinero fue sustraído de sus cuentas. Para ello, los delincuentes apelan a diferentes modalidades para acceder a los datos sensibles de sus objetivos.
METODOLOGÍA
Entre los métodos más usados está el phishing, donde los delincuentes suplantan la identidad para robar información personal o financiera. También está el smishing, que usa mensajes de texto para dirigir a la víctima a enlaces maliciosos; el vishing, que recurre a llamadas telefónicas para obtener datos sensibles del objetivo y el uso de malware para controlar dispositivos sin consentimiento.
Pero ¿qué ocurre con el dinero robado? La Fiscalía ha trazado la ruta del dinero y ha identificado que este termina siendo usado para la compra de criptomonedas, particularmente las denominadas USDT, una moneda virtual que mantiene paridad en valor con el dólar estadounidense.
Este proceso involucra a personas conocidas como las “ciber mulas”. Una vez que se produce la sustracción de los fondos de la víctima, son ellos quienes reciben inicialmente el dinero en sus cuentas bancarias. Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, algunos de ellos participan conscientemente del delito, mientras que otros han alegado haber recibido fondos por única vez, es decir prestaron sus cuentas a terceros. Sin embargo, cuando se detecta un flujo constante de ingresos y egresos, se presume ya de una actividad delictiva organizada.
Una vez depositado diversos fondos en estas cuentas, el dinero es transferido a plataformas como Binance que es la más conocida, donde se adquieren criptomonedas y se envían posteriormente a billeteras electrónicas (wallets) hacia el extranjero. El fiscal Eder Salas sostiene que la mayor dificultad está en la identificación del receptor final.
“El fin de las criptomonedas, en principio, nació con la idea de facilitar el comercio internacional, pero los ciberdelincuentes han encontrado en este proceso una forma de mantener oculta su identidad. La identificación del titular de la wallet es lo más complicado porque para ello se necesita de la colaboración internacional”, sostiene el fiscal.
OBJETIVO
La intensión de llevar el dinero ilícito hacia las criptomonedas podría ser también un camino para el lavado de activos dado que los receptores finales de los fondos ilícitos, pueden realizar la venta de las monedas virtuales y así obtener liquidez.
El Fiscal sostuvo que una modificación legal introducida en 2023 precisa que las penas para quienes participan en esta actividad ilícita, sanciona por igual al hacker como a quien proporciona sus cuentas para recibir los fondos. “Este tipo de casos no es un hecho aislado, sino una operación estructurada por organizaciones criminales”, advierte Eder Salas.
Hay otros tipos de fraudes ordinarios, es decir, que no están involucradas en organizaciones ni son tan elaborados como el uso de los datos personales de las víctimas para realizar compras en tiendas o hacer pago de diversos servicios. Esto ocurre con frecuencia en las compras por internet, pedidos de comida, artículos o pagos de servicios que la víctima no realizó, pero que le llegan notificados a través de correos electrónicos o mensajes.
DENUNCIAS
Los delitos con más incidencia en la Fiscalía de Ciberdelincuencia de Arequipa son: fraude informático con un 70 %, suplantación de identidad con 20 %, seguido del delito de estafa agravada inc. 05 del art. 196-a del Código Penal en un porcentaje del 5%, seguido del delito de acceso ilícito y otros en un 5 %.
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