Gobernador Cáceres faculta a dirigentes para formalizar invasiones

El gobernador regional Elmer Cáceres Llica, luego de reunirse el 16 de mayo con los integrantes de la Coordinadora Político Social (CPS) y del Frente Amplio Cívico Arequipa (FACA), conformó una comisión a cargo de la formalización de las invasiones.

El equipo estará integrado por los delegados del Gobierno Regional, Walter Paz Valderrama y Reimer Montesinos Valdiglesias; de la Coordinadora Político Social, José Luis Chapa Díaz, Juan Carlos Gonzáles Calla, Leonardo Huamaní Apaza, Alejandro Pizarro Rua y Alex Hualla Castillo, y por parte del Frente Amplio Cívico Arequipa, Rut Acosta Sánchez, Romel Ludeña Sánchez y Ramón Pachas Vela.

CARGADORES. La lista integra a varios de los llamados “cargadores de Juan Manuel Guillén”, como es el caso de Ramón Pachas Vela, del FACA; Juan Carlos Gonzáles Calla, exgerente regional de Vivienda en la gestión de Guillén y presidente de la CPS. 

A esto se suma Alex Hualla, presidente de la asociación Peruarbo de Cerro Colorado, quien fue acusado por presunto tráfico de terrenos.“Con esta comisión creo que el gobernador Elmer Cáceres Llica solo cometería el mismo error del expresidente regional Juan Manuel Guillén, que fue empoderar a los dirigentes y provocar las invasiones, así como el tráfico de terrenos en Arequipa”, dijo la comunicadora Rosario Paredes, investigadora del proceso de invasiones en Arequipa, además de vocera del colectivo Contra la Corrupción y el Tráfico de Terrenos. 

Escribió el libro Silencios que matan junto al periodista Roberto Segura Lizárraga, donde narran cómo se produjeron las ocupaciones de terrenos entre el 2008 y el 2014, cuando Guillén Benavides era presidente regional. 

TESTIMONIOS. En una investigación de más de dos años recogieron testimonios de perjudicados por una organización de presuntos traficantes de terrenos que se formó en esos años. “En la época del señor Guillén estaban estos señores a los que llamaban ‘los cargadores’, uno de ellos es Ramón Pachas. Se formó un ejército de invasiones, incluso se menciona a Felipe Domínguez. Se dice que para invadir contaban con el respaldo del doctor Guillén y forman plataformas para hacerlo. Yo pienso que el doctor no sabía de la magnitud de lo que iba ocasionar”, indicó Paredes. 

Así, conoció de casos de personas humildes a quienes a quienes les pedían que vendieran sus lotes en el campo, les ofrecían terrenos en la ciudad y cuando ya estaban en posesión, les pedían cuotas.“Nosotros conocimos el testimonio de una pobladora, Yesenia S., quien aseguró que tenía que dar todo su sueldo. Los exprimían y si no cumplían con los pagos, los botaban y su lote lo vendían a otra persona por más precio”, dijo para precisar que los maltratos llegaron inclusive a la violación de algunas mujeres.

INICIOS. Las primeras invasiones en APIPA estuvieron rodeadas de protestas de los pobladores contra el FACA.

“Los de Apipa tenían títulos, pero les invadieron casi el 70% de sus terrenos, y salieron a responsabilizando a los cargadores. Creo que poner a los señores del FACA como miembros de esta comisión para el saneamiento de terrenos es poner al gato de despensero”, exlicó el periodista Roberto Segura, quien recorrió el lugar durante el 2017 y 2018.

En esa época, agrega, ya se hablaba del exjefe de Conflicto de la Municipalidad Provincial de Arequipa, José Luis Cavero, quien está detenido por el caso de Jardines de Chachani. 

Tambén mencionaban a Esteban Valdez, exjefe de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional y exdirigente de Aupa, como quien avaló las posesiones irregulares.Si se tuviera que hace un cálculo por lo que las asociaciones cobraron a los invasores desde el 2008, la cifra sería como mínimo e $2 mil 500 millones. “Los terrenos que vendían en un primer momento en S/3 mil, luego los ofertaban en S/80 mil y así se volvieron millonarios varios dirigente en Alto Selva Alegre y Cono Norte, a quienes la Fiscalía debería investigar y no archivar sus casos, porque hay personas que aún hacen de las suyas”, declaró Paredes.La ausencia de autoridades propició las ocupaciones y los abusos. 

COMISIÓN. Pese a estos antecedentes, el gobernador Elmer Cáceres dio inicio a la comisión a la que le dio además plazo de 10 días para elaborar un proyecto de modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional, en 20 días también deben preparar las propuestas normativas de saneamiento físico legal. 

El objetivo es simplifica los trámites para la celebración de convenios con las organizaciones de vivienda y sanear los terrenos ocupados.

En Arequipa, tanto el FACA como la Coordinadora Política Social piden la titulación de 200 pueblos jóvenes donde habitan más de 100 mil personas. Pretenden pagar entre 5 y 7 soles el metro cuadrado, no el precio comercial, que oscila entre S/13.00 y S/14.00 el m2.

El 80% de los ocupantes dice que habitan estas tierras entre 10 y 15 años, un 10% esta 20 años y el resto desde el 2010. La mayoría están asentados en zonas de riesgo sísmico, de deslizamientos o volcánico. 

SANEAMIENTO. La solución para sanear estos terrenos en el GRA es por venta directa, tal como lo establece el Decreto Regional N° 004- 2016- GRA, que aprueba los lineamientos para calificar y aprobar Proyectos de Vivienda de Interés Regional.Al momento hay cinco asociaciones con esta declaración, otras 13 están en proceso de evaluación. 

En este caso, un perito adscrito al Ministerio de Vivienda tiene que realizar la tasación a valor comercial.Otro mecanismo es la compra por subasta pública. Pero según el jefe de Ordenamiento Territorial del GRA, Renzo Medina, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) finalmente dará el visto buenoa, pues son terrenos del Estado.

Hasta la fecha, la Asociación Minusválidos Físicos Vida (Amifiv) tiene la declaratoria de interés, pero es SBN donde se revisa el expediente. Ahí se considera el precio base en S/13.00 por metro cuadrado. Roberto Segura le pide al gobernador que no empodere a los dirigentes, porque podrían tomar fuerza las invasiones y los cobros por terrenos.

En su opinión, el Gobierno Regional debería vender directamente los terrenos a cada ocupante para evitar cualquier aprovechamiento de algún dirigente.“No entiendo cómo ponen una comisión técnica a personas que han estado presuntamente vinculadas a las invasiones”, dijo Segura, quien mencionó que algunos dirigentes marcharon en favor de la exautoridad para que vaya a la reelección y llegaron hasta el GRA para mostrar su apoyo y lo cargaron, pero también hubo un cogobierno con ellos.