Decisiones arbitrales se deben cumplir y respetar. (Foto: GEC)
Decisiones arbitrales se deben cumplir y respetar. (Foto: GEC)

Los procesos de arbitraje entre una concesionaria o una empresa contra el Gobierno Regional de Arequipa surgen porque las partes se imputan incumplimientos del contrato, a partir de una mala elaboración del perfil y expediente técnico o por incumplimientos no justificados de la contratista.

Se trata de una alternativa para solucionar un conflicto a través de terceros, es decir, las partes escogen a un árbitro y ante ellos presentan sus demandas y argumentos. Tras esto,  los árbitros deliberan imparcialmente. Para muestra de ello, el “arbitraje de derecho”  que activó el Gobierno Regional contra la concesionaria Angostura Siguas (Cobra) por incumplir con la adenda 13.

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La procuradora adjunta del Gobierno Regional de Arequipa, Amparo Begazo, informó que a la fecha se tiene en trámite 40  de estos procesos contra empresas y concesionarias. El total de estas demandas, por no  decir todas, corresponden a obras que ejecuta la entidad desde el 2018, 2019 y 2020. Estos procesos se realizan en la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa.

Entre ellos se tiene a  proyectos viales,  como el eje vial Cono Norte o conocida como la Vía de los Cuatro Carriles, obra que data desde la gestión de Yamila Osorio; la carretera Viscachani,  desde el  año pasado, cuando el GORE resolvió contrato con el “Consorcio Vial Caylloma” conformado por las empresas China Railway N.º 10 Engineering Group y Eralma Constructora, porque no avanzaron con la obra, pese a que se les adelantó 18 millones de soles. “Este arbitraje ya está en su etapa final”, expresó la procuradora.

Gran parte de procesos arbitrales es porque surgen controversias por ampliaciones de plazo, adicionales de obra, gastos generales, lo que  provoca un aumento del presupuesto del proyecto que no se firmó en el contrato.

Refirió que las solicitudes de los consorcios no prosperan porque no se presentan dentro del cronograma establecido y por ello es que las empresas deciden demandar al Gobierno Regional.

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Ante esto, Amparo Begazo dijo que el GORE debe realizar un “mea culpa”,  porque la gran parte de los arbitrajes surgen por la mala elaboración de los perfiles y expedientes técnicos de las obras. “Desde allí vienen los problemas, posteriormente, en la firma de los contratos que no se llevan adecuadamente y se ven comprometidos en procesos judiciales”, resaltó.

Amparo Begazo detalló que se acude a un arbitraje porque los fallos se resuelven en plazo corto, mientras que en Poder Judicial, el proceso puede demorar más de dos años. Aclaró que las decisiones del tribunal arbitral son inapelables. Dijo que se puede cuestionar las formalidades, pero no las decisiones, pues  son hechos ya juzgados. “Se puede tener al mejor abogado en arbitrajes, pero si los expedientes están mal elaborados, no se puede ganar”, alegó.

Los errores en la defensa arbitral del Gobierno Regional de Arequipa del 2015 a 2021 realizado por Pedro Ramos, señala que los funcionarios del GORE desconocen el proceso arbitral, incluso en algunos casos se detectó falta de interés para ejercer una correcta defensa.

Refiere que esto puede provocar pérdidas económicas y desatención en el origen de los contratos y arbitraje.

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