Tras el empadronamiento de damnificados en el distrito de Lomas, uno de los afectados por el sismo ocurrido el 28 de junio en Caravelí de magnitud 7.0, se habría detectado irregularidades durante el proceso debido a que la información enviada en busca de la declaratoria de emergencia no se ajustaría a la realidad.
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Sucede que el 5 de julio, la Municipalidad Provincial de Caravelí solicitó al congresista Edwin Martínez la declaratoria de emergencia producto de los daños que dejó el sismo y las réplicas, no obstante los distritos de Acarí, Atiquipa, Jaquí y Yauca, fueron tomados en cuenta.
El hecho observado sucedió en Lomas, cuando en la lista de empadronados por el municipio distrital aparece Ana Doris Morales Zamudio, quien figura que perdió 500 toneladas de recursos naturales, informe que no estaría acorde a la realidad, ya que ella misma menciona que solo sería damnificada por su domicilio.
CONGRESISTA
Martínez confirmó a Correo que el pedido del municipio provincial llegó a sus manos, pero al momento de recibir la relación de damnificados y al ser trasladado al Gobierno Regional de Arequipa y Presidencia de Consejo de Ministros, no se verificó al no encontrarse en el lugar de los hechos.
El parlamentario indicó que la ciudadana acudió a su persona debido al acoso que recibió de algunos pobladores, por lo que espera que se investigue el caso.
“No se puede aprovechar de un sismo para sacar beneficio, por lo que ya he mandado ese documento a Contraloría este miércoles y en los próximos días se dará respuesta. El municipio trató de sorprender con un documento que carece de verdad, lo que significa que no han hecho una evaluación real de los hechos. Pretender beneficiarse con algo que no ha perdido la municipalidad, me parece algo irregular”, dijo el parlamentario.
Acotó que no es el único caso, pues también incluye a dos menores de edad, quienes vienen siendo objeto de escarnio por parte de sus vecinos, al encontrarse en la lista.
Al tomar conocimiento de la denuncia, a través del oficio N.º 4505-2023-2024-PENT-DC-CR se dirigió al contralor General de la República, Nelson Shack, con el objetivo que se abra una investigación sobre el empadronamiento de afectados, verificar la fidelidad y exactitud de los datos reportados y determinar si hubo negligencia o falta administrativa que deba ser corregida o sancionada.
De acuerdo al reporte SINPAD en el distrito de Lomas, registra a 32 familias damnificadas, de los cuales 25 viviendas fueron afectadas y 1 destruida.
“Debe intervenir Contraloría, me he comprometido en viajar, porque incluso han utilizado a dos niños”, acotó.
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