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Bajo lupa. La Fiscalía especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de inició una investigación preliminar al exrector de la, Valdemar Medina Hoyos, y otros cinco servidores de la casa superior de estudios por los presuntos delitos de negociación incompatible y omisión de funciones. El proceso se da a raíz de uno de los informes que emitió la Contraloría de la República sobre un presunto pago indebido que habrían hecho a favor del consorcio Progreso, ganador de la licitación para ejecutar la obra “Mejoramiento y Desarrollo de la Investigación Científica en Robótica y Automatización de Procesos Productivos en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica”.

El actual rector Rohel Sánchez indicó ayer que se tomaron las acciones civiles y penales que dispuso la entidad.

CASO. Según advirtió la Contraloría de la República, Valdemar Medina firmó la entrega -por adelanto directo de 508 mil 393, 95 soles y por concepto de materiales un millón 16 mil 687, 90 soles, cuando todavía no se había suscrito el contrato entre las partes y menos ejecutado la obra.

Asimismo, el exrector autorizó ampliar los plazos de ejecución del proyecto en dos oportunidades sin haberse hecho el cobro de las penalidades de 34 mil y 220 mil soles.

En la investigación fiscal, que tiene a su cargo la magistrada Angela Vega, se consideró también a Fausto Cruz Arapa, Carlos Martínez Romero, Milton Medina Palacios, Gerardo Sotelo y José Arévalo, quienes tuvieron a su cargo los trámites administrativos de entrega de dinero.

Nos contactamos telefónicamente con el exrector Valdemar Medina para tomar su versión de la denuncia. Muy tajante dijo: “No sé nada” y cortó la comunicación.

ACCIONES. “Hemos dado poderes, mediante escritura, para que se actúe ante esta Fiscalía Anticorrupción”, señaló Sánchez Sánchez, tras indicar que el caso será seguido por el abogado Dante Cervantes, quien presentó la denuncia el 15 de enero pasado ante el Ministerio Público.

PENA.La negociación incompatible se sanciona con entre 4 a 6 años y la omisión hasta 2 años de cárcel, según el Código Penal.

DATOS. 6 fiscalizadores de la Contraloría vienen investigando ahora en la UNSA.

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