La mecha de Tía María se encendió

Uno de los sucesos importantes que marcó el 2019 fue la reactivación del conflicto social del proyecto minero Tía María, considerado trascendente a nivel nacional.

Y es que, los bloqueos y marchas en el valle de Tambo en contra de la minera Southern desde el 15 de julio fueron puestos en vitrina por los medios de difusión.

El detonante de la convulsión social en Islay fue la entrega de la licencia de construcción a Southern por parte del Ministerio de Energía y Minas precisamente en julio. Este hecho se dio a pocos días de la reunión que sostuvieron las principales autoridades de la provincia, el gobernador Elmer Cáceres y el presidente de la República, Martín Vizcarra, en Arequipa.

En la cita, el mandatario, tal como lo aseguró Cáceres, se habría comprometido a no dar el permiso, pero al evaluar el expediente que presentó la minera, el MEM decidió otorgarle autorización siempre que el proceso constructivo no se empiece mientras no se consiga la licencia social de la población del valle.

REACCIÓN. Sin embargo, los agricultores y dirigentes opositores salieron a las calles a manifestar su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional como evidencia de su temor a una afectación de la agricultura, la principal actividad económica.

 La región Arequipa perdió 13.5 millones de dólares por cada día de paralización, según informó en su momento la Cámara de Comercio e Industria en Arequipa, que expresó su respaldo a Tía María, como lo hizo también la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.

Uno de los sectores seriamente afectados fue el comercio, ya que la interrupción de vías no permitía el ingreso de camiones con mercadería al puerto de Matarani, principal medio de comunicación marítimo del sur con el mundo. La intervención posterior de las Fuerzas Armadas y la Policía fue clave para la reactivación de la dinámica comercial, que se mantiene hasta la fecha.

APROVECHAMIENTO. Al ser consultado sobre la coyuntura social presentada por este problema, el sociólogo Walther Salas, señaló a Correo que el tema tiene varias miradas. Por ejemplo, el Gobierno ve el conflicto como un factor que no le permite generar ingresos, puestos de trabajo y una oportunidad de inversiones.

Asimismo, para la población puede ser importante la minería, como lo es Majes Siguas II. En tanto, desde un plano político, el proyecto es de fácil politización, esto se evidenció en la penúltima campaña electoral, donde varios candidatos buscaron sacar provecho para ganar adeptos.

El especialista considera que el problema está mal manejado en cuanto a gestión y de las instancias del Estado, lo que provoca que otros metan la mano. Dijo que el Gobierno se sintió obligado a dar la licencia de construcción, porque había de por medio un posible arbitraje en contra del Estado.

“Yo veo toda esa ausencia del Estado en decisiones, manejo y gestión del conflicto, esto ha provocado que el gobernador tome partido en el asunto pese a que no tiene ninguna injerencia”, dijo.

Recomendó poner mayor interés en soluciones y evaluar las decisiones mal tomadas, ajustarse a la normativa vigente, y dialogar con Southern para empezar de nuevo.

DESLEGITIMIZADA. El sociólogo José Luis Vargas, señaló que los efectos sociales solamente recayeron en los pobladores de Islay, y no alcanzaron a toda la región, ya que en Arequipa hubo pequeñas movilizaciones los primeros días luego del reinicio del conflicto.

Indicó que a diferencia del último paro del 2015, esta vez no hubo víctimas mortales, y la protesta se deslegitimó por la falta de liderazgo, con el caso de las “lentejas”, en el que se involucró a varios dirigentes, y que evidenció un negociado político.

“El gobernador es capítulo aparte, porque de alguna manera ha querido montarse sobre esta protesta. El problema de Cáceres Llica es que ya es un absolutamente descalificado, es decir, nadie toma en cuenta lo que dice con seriedad, con un mínimo de respeto a la figura del gobernador”, manifestó.

Vargas enfatizó que nadie en su sano juicio lo reconoce como autoridad regional, y mucho menos le haría caso. “No tiene voz para que su posición sea compartida por los pobladores”, enfatizó.

Vargas considera que este proyecto está abortado y duda que se ejecute en los próximos años. “No es un tema de Southern, sino de cómo es que en nuestro país se gesta estos proyectos de inversión, porque somos un gran país de las grandes oportunidades perdidas, lo de Tía María es un ejemplo”, puntualizó.

Añadió que falta decisión del Gobierno Nacional, actitud de liderazgo, que no hizo Pedro Pablo Kuczynski, pese a ser el más prominero de los gobernantes de los últimos 30 años.

Si bien es cierto, el conflicto entró a un periodo de calma, es necesario que las autoridades pongan sus mayores esfuerzos en solucionarlo y evitar que la llama encendida siga creciendo.