La compañía circense La Tarumba emitió un comunicado oficial este 5 de noviembre de 2025 en el que aclara su posición sobre la intervención fiscal ocurrida en Arequipa, luego de que 28 soldados del Ejército del Perú fueran hallados desmontando la carpa del circo tras el fin de su temporada en el sector de Vallecito.
En el documento, la institución cultural aseguró que no solicitó apoyo militar para esta tarea y que los jóvenes fueron contratados de manera individual por la empresa local Mandarina Producciones, responsable de la producción del espectáculo en la ciudad.
“La empresa productora solicitó el servicio de desmontaje al personal del Servicio Militar Voluntario del Ejército del Perú que se encontrara de permiso, como una manera de generarles un ingreso económico adicional”, indicó La Tarumba.
La organización subrayó que cada contrato fue personal y remunerado, con pagos depositados directamente en las cuentas de los participantes y con seguros de ley activados durante la labor.
Disposición a colaborar con las autoridades
En su comunicado, La Tarumba destacó su trayectoria de 41 años y reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto institucional.
“Somos plenamente respetuosos de las instituciones y expresamos nuestra total disposición a colaborar con las investigaciones anunciadas por el Ejército del Perú y las instancias correspondientes”, afirmó.
La compañía agradeció el respaldo de su público y recordó que su trabajo busca contribuir al desarrollo social y cultural del país a través del arte y la formación.
Contexto de la intervención fiscal
La aclaración de La Tarumba se dio tras una intervención del fiscal anticorrupción Manuel Aquino, quien constató la presencia de personal militar desmontando la carpa circense en Arequipa. Los 28 soldados del cuartel Mariano Bustamante fueron trasladados a la Policía Anticorrupción para declarar sobre los hechos.
El fiscal también intervino al coronel EP Marco Antonio Quispe Astete, jefe de la 3.ª Brigada de Servicio, y al técnico segundo EP Justo Palomino Quispe, quienes habrían autorizado y facilitado el desplazamiento del personal.
El Ejército confirmó que la Inspectoría General abrió una investigación para determinar responsabilidades y posibles infracciones relacionadas con el uso del personal militar en actividades privadas.
Fiscalía y Ejército mantienen investigaciones
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ejército del Perú mantienen abiertas investigaciones paralelas por un posible caso de peculado de uso, es decir, la utilización de recursos públicos con fines ajenos al servicio. Mientras tanto, La Tarumba reiteró que el acuerdo fue civil y externo, realizado por intermediación de una productora privada local, sin intervención institucional del Ejército.
