La migración de operadores antimineros a la minería ilegal en Perú podría generar un escenario más complicado en 2025, según Fernando Castillo, especialista en Gestión Social, quien participó como panelista en el Jueves Minero, evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
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Si bien, la conflictividad social ha disminuido en el sector minero entre 2022 y 2023, Castillo advierte que la actividad ilegal en la minería podría desplazar incluso al narcotráfico. El especialista explicó que la disminución de conflictos sociales se debe a que muchos actores que se oponían a los proyectos mineros han optado por involucrarse en actividades ilegales.
“Históricamente, la problemática de la minería en el país tenía dos grandes problemas: la tramitología y la conflictividad social. Hoy la conflictividad social está bastante disminuida, focalizada en casos específicos como Tía María, Río Blanco, Conga y otros. Pero no hay una conflictividad social clara. No hemos tenido conflictos sociales fuertes entre 2022 y 2023 por una razón sencilla”, indicó el especialista.
Sin embargo, Castillo también señaló que el año 2025 podría ser menos favorable debido a la presencia de la actividad ilegal en la minería y la fragilidad del gobierno ante un cambio de mandato. “Si hoy no ha intervenido, va a ser mucho más complejo que lo haga el año próximo. Lo único que ha hecho el Congreso ahora es trasladar las protestas de la avenida Abancay a San Borja (sede del ministerio de Energía y Minas)”, añadió.
Ante esta situación, resaltó la necesidad de una decisión política firme para combatir la ilegalidad y fortalecer el marco normativo del sector minero para garantizar que Perú no pierda su competitividad frente a países vecinos.
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