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La usurpación de terrenos del Estado es uno de los principales problemas existentes en la región. Esta ilegal actividad genera violencia e inclusive la muerte de pobladores. En razón a ello, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) plantea enfrentarlo con mayor firmeza y ya tiene en proceso 50 desalojos.

“La mayoría de las invasiones se da en el Cono Norte de la ciudad, pero se encuentra en proceso el desalojo extrajudicial, amparados en la Ley 30230”, señaló el abogado de la Procuraduría del GRA, Valerio Choquehuanca.

La mayoría de casos de usurpación de predios del Estado se presenta en los distritos Yura, Cerro Colorado, Uchumayo, Cayma, Miraflores y Alto Selva Alegre, mientras que en provincias se da en Islay y Caravelí.

En lo que va del año, ya se realizó 10 desalojos, siendo uno de los más importantes el llevado a cabo el 15 de abril en Yura, en donde 200 personas intentaron ocupar ilegalmente los terrenos de la margen izquierda del Parque Industrial de las Micro y Pequeñas Empresas (PYMES).

La Procuraduría, en coordinación con la Oficina de Ordenamiento Territorial, la Policía y el Ministerio Público, realizarán este mes 6 desalojos, el primero de ellos será este fin de semana.

Choquehuanca explicó que la Ley N° 30230 permite que se simplifique los procedimientos para la recuperación de bienes del Estado. Esta norma otorga a las instancias públicas (Gobierno Regional) una facultad especial para desalojar a los poseedores de manera directa, sin acudir al Poder Judicial u otro dirimente. Basta con que se constate la ocupación.

Violencia. En los últimos 5 años, el conflicto por terrenos, dejó como saldo la muerte de 6 personas, siendo el último caso el ocurrido el 13 de junio del presente año, en que el dirigente Carlos Cuyo Yauri, expresidente del sector 8 de la Asociación Parque Industrial Porvenir Arequipa (Apipa), fue asesinado de 15 balazos.

El presidente del Consejo Regional, Edy Medina, mostró su preocupación por los frecuentes hechos de violencia en las zonas invadidas y lamentó que dirigentes relacionados a las invasiones no sean sancionados como corresponde a ley.

“El Ministerio Público deberá informar por qué se archivaron más de 100 denuncias en contra del dirigente Gil Zapana”, señaló.

La poca coordinación entre las entidades involucradas en la lucha contra las invasiones sería una de las causas de el archivamiento de estos procesos. La Mesa Permanente no se reúne ni siquiera una vez al mes.

Valerio Choquehuanca también consideró que no existe una buena coordinación entre las diversas instituciones. Contó como una mala experiencia que en el desalojo realizado en Uchumayo, un dirigente fue detenido en el predio invadido, pero finalmente el Ministerio Público no hizo la denuncia.

“Hubo omisión del Ministerio Público. Dijeron que el terreno ya se recuperó y que ya no era necesaria la denuncia”, acotó.

EMERGENCIA. Como una forma de apoyar el trabajo del Gobierno Regional en la recuperación de predios, el Consejo Regional aprobó el martes el Acuerdo que declara en “grave emergencia social la administración de la propiedad de los predios eriazos del Estado”.

El documento insta a las autoridades regionales, municipales, administrativas, judiciales, fiscales y policiales a destinar equipos especializados de profesionales que encuentren soluciones y propongan las medidas necesarias para atender el grave conflicto social imperante en toda la región.

Además, se requirió que el Órgano Ejecutivo Regional, en un plazo máximo de 15 días hábiles, apruebe el acuerdo y cumpla con remitir un informe en el que se detallen cada una de las acciones que han llevado a cabo en atención a cada uno de los compromisos adquiridos ante la Mesa Permanente de Trabajo Interinstitucional para el caso de invasiones.

Los consejeros regionales expresaron su rechazo a todo acto de ocupación ilícita de la propiedad predial del Estado, por lo que exhortaron a los órganos competentes del Ejecutivo Regional a llevar a cabo todas las acciones para la recuperación extrajudicial de la propiedad, establecidas en la Ley N° 30230.

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