Menos de la mitad de cámaras de seguridad del centro de Arequipa y Miraflores se encuentran operativas

Municipalidad de Arequipa no hace mantenimiento de sus cámaras. (Foto: GEC)

Actualizado el 16/02/2024, 11:55 a.m.

La delincuencia en Arequipa continúa ganando más terreno, mientras que las municipalidades locales no cuentan con la logística necesaria para hacerle frente. Ese fue el resultado que obtuvo la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa tras realizar una supervisión en materia de seguridad ciudadana, la cual concluye las dificultades que tienen los gobiernos locales para las labores de prevención.

Por ejemplo, la institución advirtió la falta de cámaras de seguridad en el corazón de la ciudad, el Cercado. De 63 cámaras destinadas a las labores de videovigilancia, más del 58% se encuentran fuera de servicio. Un hecho similar se vive en Miraflores, uno de los distritos en lo que más casos de sicariato se han reportado. En la comuna miraflorina la mitad de las cámaras están en desuso, lo que no permite un adecuado seguimiento a los hechos delictivos.

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En otras municipalidades también se advirtió la carencia de logística, es el caso de Mariano Melgar, Paucarpata y Alto Selva Alegre. En las primeras dos comunas se identificó sólo 5 camionetas para labores de patrullaje, mientras que la última comuna cuenta con 7.

Las carencias y falta de inversión en seguridad ciudadana en los distritos no aporta a reducir los actos de criminalidad en la ciudad.

Como se conoce, en las semanas comprendidas entre el sábado 27 de enero y lunes 12 de febrero último ocurrió un hecho delictivo de gravedad por cada día, que incluyó tres casos de sicariato y dos de feminicidio.

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Arequipa ocupó el segundo lugar a nivel nacional con mayor cantidad de feminicidios registrados durante el 2023. La cifra alcanzó los 18 casos, mientras que, solo en lo que va del año, ya se reportan dos casos en la región.

Andrea Sarayasi, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, pidió a las autoridades policiales brindar apoyo a los gobiernos locales en el componente de prevención del delito, como estrategia fundamental para la lucha contra el crimen en la región.