A pesar de los anuncios y mesas de trabajo, la minería ilegal sigue expandiéndose en el país, moviendo cifras que superan los US$ 2,248 millones en los últimos tres años, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta actividad, que depreda el medioambiente y alimenta redes criminales, continúa beneficiándose de un proceso de formalización que, tras más de una década, ha resultado fallido.
El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, reconoció que la raíz del problema está en la ausencia de políticas estructurales y en su deficiente ejecución. “Solo así podremos poner fin a más de una década de ilegalidad impulsada por un fallido proceso de formalización”, admitió, dejando entrever que el Estado ha perdido terreno frente a las mafias mineras.
Ortiz subrayó que, en paralelo, la minería formal sigue siendo clave para el desarrollo económico nacional, generando empleo, inversiones, canon y regalías. Sin embargo, el contraste es evidente: mientras la actividad legal es regulada y fiscalizada, la minería ilegal opera con impunidad en vastas zonas del país, contaminando ríos, destruyendo bosques y generando violencia.
Tras casi un mes de instalada la mesa de trabajo para consensuar una nueva Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE), el IIMP espera que el texto final no repita los errores del pasado y que, por primera vez, se base en criterios técnicos que conduzcan a una formalización real.
A través de su columna del Semáforo Minero, el directivo advirtió que la minería ilegal no solo destruye el medioambiente, sino que también alimenta delitos como trata de personas, extorsiones y asesinatos. Por ello, exigió un plan integral con objetivos claros, plazos definidos y responsabilidades precisas que articule la labor de todas las instituciones involucradas.
Finalmente, Ortiz respaldó las intervenciones de la Fiscalía Ambiental en el cierre de bocaminas y campamentos ilegales, pero insistió en que se debe reforzar la inteligencia operativa, controlar insumos y explosivos, y ejecutar operativos de interdicción que destruyan maquinaria y dragas, para golpear la base económica de estas organizaciones.