Ministerio del Interior pide pago de 10.2 millones a líderes del paro contra Tía María

Actualizado el 04/03/2020, 10:03 a.m.

Los gastos que el Estado hizo para mantener a los cientos de policías en la provincia de Islay durante el paro contra el proyecto minero Tía María del 2015, pretenden ser cargados a los alcaldes, exburgomaestres, dirigentes y empresarios de esta zona.

Durante el inicio del juicio contra los 15 imputados por la Fiscalía de impulsar la protesta antiminera, la Procuraduría del Ministerio del Interior (Mininter) requirió ayer que los procesados paguen 10.2 millones de soles de reparación civil a favor del Estado.

De ese monto, 6 millones de soles representan la inversión en viáticos, transporte y adquisición de implementos para los agentes del orden.

La Procuraduría también incluyó el gasto que hizo el Estado en reparar las vías dañadas por los disturbios y el perjuicio económico causado por cerrar los caminos y paralizar el movimiento económico.

PROCESO

La fiscal María Cabana sustentó ayer su acusación e imputó los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios en agravio del Estado, además de tentativa de extorsión a Southern Perú.

Los involucrados son los alcaldes Richard Ale Cruz (Deán Valdivia) y Julio Cornejo Reynoso (Cocachacra), los exburgomaestres José Ramos Carrera y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.

También son procesados los empresarios y dirigentes agrarios Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, Jesús Cornejo Reynoso, Justo Paredes Torres, Miguel Meza Igme, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín Augusto Juárez Bernedo, Víctor Zeballos Ortíz y Juan Colquehuanca Chaiña.

La Fiscalía sostiene que se organizaron para acatar la protesta, recabar fondos para comprar alimentos que entregaban a los manifestantes y dirigir los disturbios.

La acusación menciona que el grupo tenía un brazo legal, que estaba al mando del letrado Héctor Herrera.

LENTEJAS

La Fiscalía atribuye a Pepe Julio Gutiérrez, expresidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, encabezar la agrupación ilícita.

Las pesquisas también lo sindican de intentar extorsionar a la compañía minera Southern Perú, para ello utiliza como principal medio probatorio unos audios que fueron difundidos en medios de comunicación. En las grabaciones se le escucha pedir a Gutiérrez que la empresa minera pague 1.5 millones de dólares (“lentejas”, según expresó en el audio) a cambio de detener las protestas.

En el caso también está involucrado el abogado Jesús Gómez Urquizo, quien se hacía pasar como el intermediario entre el entonces dirigente y Southern. Al respecto, la defensa de Gutiérrez sostiene que no se puede configurar el delito, porque los propios directivos de la minera indicaron que no se sintieron amenazados.

CÁRCEL

Para Gutiérrez solicitan 30 años de cárcel, para el resto de imputados la Fiscalía requiere sentencias entre 10 y 20 años de prisión.

23 de marzo de 2015, inicia en el valle de Tambo la huelga en contra del proyecto minero Tía María.

15 de mayo de 2015, detienen a Pepe Julio Gutiérrez luego de difundirse los audios de las “lentejas”.

3 de marzo de 2020, comienza el juicio en contra de los implicados en la huelga antiminera.

DEFENSA

Héctor Herrera, abogado: “En el inicio del juicio nos aceptaron 12 pruebas documentales ni a 15 testigos. No se podrá probar el sembrado pruebas que se hizo”.

Richard Ale, alcalde: “La Fiscalía tiene varias incoherencias en la acusación, en mi caso incluso dijeron que había malversación de fondos cuando me congelaron las cuentas”