Los correcaminos también cobraban a transportistas para trasladar mercancía

Actualizado el 25/04/2019, 10:31 a. m.

La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios tendría los suficientes indicios para sospechar que la organización criminal “Los correcaminos del sur” también habría cobrado cupos para la emisión de tarjetas para el transporte de mercadería.

Con ello, camioneros y transportistas habrían pagado diferentes montos para realizar el traslado de mercadería no solo al interior de la provincia, sino a toda la región.

DILIGENCIAS

La fiscal titular de la investigación, Marita Cueva, encabezó ayer una intervención en las oficinas de la Subgerencia de Transporte Interprovincial, junto a los agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, con el fin de incautar diferentes expedientes, principalmente del área de mercancías la cual duró más de 8 horas.

Dicha diligencia terminó ayer a las 18:50 horas y la fiscal se llevó varios saquillos con los expedientes, resoluciones, órdenes de circulación y la emisión de las tarjetas que autorizaban a los transportistas llevar la mercadería de manera legal.

El pago incluso alcanzaría a varios empresarios interesados en llevar sus productos a otras partes del país evitando mayores trámites burocráticos que exige la norma.

Hipótesis. Tanto la Policía como la Fiscalía, sospechan que exista aún miembros de esta organización criminal que este aún laborando en la Gerencia Regional de Transportes. Además que el posible pago que habrían hecho los transportistas, sería mensual para que les permita trasladar su mercadería.

INVESTIGACIÓN

“Los correcaminos del sur” es la organización criminal que fue desarticulada en diciembre del año pasado y parte de sus presuntos miembros ya se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión preventiva, entre ellos el exgerente José Gamarra.

También están exfuncionarios como Christian Motta, Juan García y Gabriel Almonte.

Solo Juan Bermejo, exasesor de Yamila Osorio, se encuentra prófugo de la justicia, pues no fue detenido preliminarmente y cuando le dictaron su prisión preventiva no se presentó a la audiencia.

En su caso le dieron también 36 meses de prisión, pero su orden de captura no solo es nacional, pues la Fiscalía tiene sospechas y algunos indicios de que el exasesor se encontraría en España.