Una de las líneas de trabajo es la custodia de terrenos que son del Gobierno Regional. Foto: GEC.
Una de las líneas de trabajo es la custodia de terrenos que son del Gobierno Regional. Foto: GEC.

Sobrecarga de procesos judiciales y la falta de presupuesto para realizar la recuperación de terrenos, son los principales problemas a los que enfrenta la Procuraduría Pública Regional.

Estos fueron expuestos durante la presentación de estadísticas del año ante el Consejo Regional de Arequipa (CRA) en la última sesión ordinaria.

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SOBRECARGA PROCESAL

La procuradora pública regional de Arequipa, Amparo Begazo, informó ante el pleno que existen 8 mil 655 procesos judiciales al 31 de julio del presente año y que son seguidos por la Procuraduría, muchos de ellos centrados en el ámbito laboral y que no concluye en una primera instancia, alargando los casos

Según refirió en sus estadísticas, estos se encuentran divididos en: 426 en el tema civil, 363 en el ámbito penal, 82 en el tema constitucional y 7 mil 794 en el ámbito contencioso administrativo laboral.

“Es una sobrecarga procesal porque son pocos los abogados y de acuerdo a los estándares, cada abogado no debería tener más de 50 procesos a su cargo, y en muchos de los casos cada abogado supera largamente los dos mil procesos”, señaló.

“No podemos pedir humanamente mucha decisión en ellos, entonces hemos puesto de conocimiento al Consejo Regional”, acotó. Dentro de los procesos contenciososos administrativos, el 80 % se centra en el reclamo de los derechos laborales de los trabajadores del sector salud y educación, estos últimos involucran el tema de la deuda social.

Durante su exposición ante los consejeros regionales, Begazo pidió la aprobación de una norma legal que permita reducir esta sobrecarga de casos, sobre todo del ámbito labora. “Si habría un acuerdo del Consejo Regional mediante un decreto podríamos terminarlos en primera instancia”, acotó.

FALTA DE PRESUPUESTO

En cuanto a la recuperación de terrenos, la procuradora señaló la demora en la asignación presupuestal como la principal debilidad para ejecutar los desalojos que se planifican. “El problema es que el presupuesto se demora en otorgarnos”, indicó ante el CRA, refiriendo que en algunos casos la demora es de tres meses.

Ante ello, Begazo señaló que ahora mismo son dos procesos de recuperación los que se encuentra pendientes de aprobación de presupuesto para la logística del caso. En estos casos el expediente llega a Procuraduría, que deriva el informe a la Policía Nacional, ente que se encarga de elaborar el plan de inteligencia donde se detallan los recursos a utilizarse y es la Gerencia General del GRA la que autoriza la asignación de presupuesto.

Asimismo, la procuradora pública lamentó que, pese a solicitar la recuperación de terrenos por parte del denominado “Común de los Zeballos” en el distrito de Yura, no fueron autorizados. “Como está judicializado, nos ha derivado a la oficina de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional”, precisó.

MAJES SIGUAS

Respecto al laudo emitido por el Tribunal Arbitral en la Cámara de Comercio de Lima, Begazo confirmó que el 24 de julio se presentó ante el Poder Judicial el pedido de nulidad de este laudo que dispone un pago de aproximadamente 700 mil soles a Cobra por parte del Gobierno Regional de Arequipa.

“En estos momentos nosotros seguimos llevando el arbitraje qué ha sido puesto en conocimiento de la Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima la impugnación, entonces estamos esperando que ellos la admitan y ya den su pronunciamiento”, refirió sobre el tema la procuradora.

De otro lado, pese a firmarse el convenio de transferencia del Proyecto Especial Majes Siguas hace dos semanas, hasta el momento no se realizó la transferencia de los procesos arbitrales, informó Amparo Begazo, al señalar que Procuraduría del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Procuraduría General de Estado, no ha solicitado de momento la transferencia.

A la lista de procesos judiciales se le suma la existencia de 43 procesos arbitrales en curso. “La gran mayoría es de infraestructura, sobre ampliaciones de plazo, de contratos y algunos de servicios”, manifestó Amparo Begazo.

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