Pruebas de ADN para víctimas de violencia sexual en Arequipa demoran hasta 5 meses, advierte Fiscalía

El drama que pasan las mujeres víctimas de violencia sexual en Arequipa no termina con la identificación de su agresor, son largos meses y espera solo para las pericias iniciales del proceso de investigación.

La fiscal superior María del Rosario Lozada Sotomayor, coordinadora de las Fiscalías contra la Violencia de la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar en Arequipa, informó ayer sobre la falta de recursos que se tienen para atender el problema de violencia contra la mujer en la región, siendo Arequipa la que más casos de abuso tiene a nivel nacional.

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Un caso de violación requiere que se hagan pruebas de ADN a la víctima, sin embargo, este proceso no se hace en Arequipa. Las muestras se envían a Lima y los resultados recién llegan 5 meses después. Por ello, la magistrada advirtió que es necesario descentralizar los recursos para Medicina Legal, que actualmente está declarada en emergencia.

“Sí, necesitamos mayores recursos. Somos un país que tiene este problema de la violencia, la Fiscalía no es ajena a este”, expresó.

La falta de acción para agilizar estos procedimientos hace que la investigación se dilate. Así también, no se cuentan con los suficientes juzgados de sanción, ya que se tienen causas que actualmente están programadas para el 2024.

“Las víctimas, cuando se tratan de mujer, no queremos ir en contra de la familia, sin embargo, tenemos mujeres que siguen en ese siglo de violencia y después se retractan. Y esto tenemos como consecuencia, van a juicio después de 1 a 2 años y ya no quieren seguir con la denuncia. La retractación no quiere decir una sentenciada absolutoria (...) aplican un acuerdo plenario. Sin embargo, el trabajo del fiscal se vuelve más duro”, lamentó.

Informó que este 2023, la carga de casos de violencia ha vuelto a subir, en referencia al 2019.

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PREVENCIÓN EN COLEGIOS

Para hacerle frente a la violencia, Lozada expresó que es necesario atacar el problema antes, es decir, con la prevención y en los colegios. Es así que existe un grupo especial de fiscales y psicólogos que acuden a las instituciones de la ciudad, con el fin de difundir los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, el último colegio visitado fue Jorge Basadre, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Durante la reunión, los fiscales incidieron en la responsabilidad de los profesores y directores de los centros educativos de intervenir en caso se detecten situaciones de violencia en agravio de los menores, de acuerdo a los protocolos establecidos en el marco de la Ley 30364.

Se dio detalles sobre cómo deben abordarse este tipo de casos y las sanciones por omisión en caso de incumplimiento del protocolo, recalcando que son los directores de las instituciones educativas los llamados a iniciar los procedimientos y realizar los seguimientos correspondientes, haciendo de conocimiento a su vez a las autoridades educativas como del sector justicia.

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