Por la presencia de organizaciones criminales, casos de sicariatos, robos a empresas, asaltos y más, la ciudad fue declarada en estado de emergencia, una medida que fue muy insistida por las autoridades locales.
Sin embargo, esta medida abrió un debate entre la población, ya que hay quienes no están convencidos de que un estado de emergencia ayude a reducir los índices de delincuencia común y organizada. La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y Cámara de Centros Comerciales de Arequipa, a través de sus voceros, han coincidido en cuestionar la falta de medidas eficientes de las municipalidades, con el fin de ayudar a la Policía, para hacerle frente a la delincuencia, pero ¿qué hacen los alcaldes por la seguridad?
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El director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero en Universidad Católica San Pablo, Carlos Timaná, advierte que las facultades de las municipales para combatir la delincuencia no son muchas. “La política criminal de alto valor, las estructuras de Los Gallegos y Los Orientales, son más de inteligencia de la Policía”, resaltó. A esto se suma que tienen una forma limitada de dirigir los gastos, ya que se basan en la política del programal presupuesta N°0030 del Ministerio del Interior, que establece el patrullaje como una de las principales herramientas en seguridad. Además, el presupuesto que el municipio provincial y distritales destinan para la lucha contra la inseguridad no es el mejor.
Según el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, el municipio provincial, Miraflores, José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, Yanahuara y Paucarpata, comunas que tienen más casos de crímenes e inseguridad, destinan un bajo presupuesto en la categoría de reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
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Por ejemplo, en el 2023, la municipalidad de Arequipa tenía fondos anuales por S/232 millones 479 mil 358, pero solo gastó S/11 millones 426 mil 239 o 4.9%; de Miraflores S/43 millones 085 mil 838, destinó 6.1%; Bustamante S/67 millones 392 mil 867 y asignó 19.2% (Ver cuadro 1).
El mismo bajo nivel de presupuesto para seguridad se repite este año 2024 (Ver cuadro 2).
En todos estos municipios, la mayoría del dinero se gasta en los rubros de patrullaje del sector y comunidad organizada a favor de la seguridad. Y en algunos casos, como Miraflores, Bustamante, Socabaya, Mariano Melgar, Yanahuara y Paucarpata, parte del presupuesto ha sido destinado para obras de mejoramiento de seguridad que están en proceso. Una constante en gasto de presupuesto adoptada por años en las comunas, que evidentemente no se ha visto reflejada en soluciones.
Si bien los alcaldes no pueden combatir el crimen organizado, pueden darle un mejor uso al dinero que poseen en pro de la seguridad. Carlos Timana, cuya organización también integra el observatorio Comunidad en Marcha, que hace monitoreo de seguridad ciudadana, explica que hay medidas de fácil aplicación en los municipios.
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Por ejemplo, fortalecer las juntas vecinales, con un adecuado sistema de alerta temprana en los distritos; mantenimiento sostenido de operaciones de control, en los puntos más problemáticos de mañana, tarde y noche; cámaras de seguridad de alta gama, para ayudar al reconocimiento facial; almacenamiento oficial, para tener videos e imágenes de cámaras por muchos años; botones de pánico, tanto en puntos rojos como el transporte público; facilitar el proceso de denuncia, brindando información y ayudando a la ciudadanía y la cooperación entre municipios y transporte, para colocar cámaras en buses y taxis.
Estas son solo algunas propuestas de solución que pueden ser implementadas sin solicitar una asignación mayor de recursos al Ejecutivo; sin embargo, es trabajo de los alcaldes ponerlas en marcha o buscar alternativas más eficientes.
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