Alcaldes se reúnen para exigir medida por seguridad ciudadana, no se presentó el gobernador. (Foto: GEC)
Alcaldes se reúnen para exigir medida por seguridad ciudadana, no se presentó el gobernador. (Foto: GEC)

Ante  el último reporte de crimen organizado, en el que dos arequipeños fueron acribillados, el coronel PNP Elmer Alfredo Eduardo, Jefe de División De Orden Público y Seguridad de Arequipa, pidió tranquilidad en las autoridades para atender esta emergencia de inseguridad y reforzar el trinomio entre la Policía, Serenazgo de las municipalidades distritales y vecinos.

En la reunión que convocó ayer, el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, dijo que se ha trabajado en actividades de prevención que han dado resultados positivos como la detención de personas de mal vivir y se está ampliando la labor de patrullaje a pie y motorizado.

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No obstante, la realidad sería distinta, en la reunión, se tenía un solo fin, de una solicitud en conjunto para que la ciudad sea declarada en emergencia por la alta inseguridad.

Acciones. Entre las acciones a realizar está el trabajo afiliado a empresas como Sunafil y Sunarp, a fin de que los ciudadanos de nacionalidad extranjera verifiquen su estadía en la ciudad, reforzar el área de investigación en conjunto con el Ministerio Público y el  Poder Judicial.

“Se tiene una unidad especializada que se encarga de restablecer el orden público y contribuir a la paz social, en el que se han creado equipos de intervención en 8 puntos de los distritos de Cerro Colorado, Miraflores y José Luis Bustamante y Rivero”, dijo el coronel.

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Propuestas. Las autoridades locales, de manera unánime esta vez, decidieron solicitar la declaratoria de emergencia de la provincia de Arequipa, el cual será de manera presencial este lunes en la sesión de Consejo de Ministros.

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, propuso la creación de un comando contra la delincuencia, que estaría conformado por tres burgomaestres que se dedicarán a identificar las deficiencias en seguridad de los distritos.

El alcalde de Sachaca, Renzo Salas, solicitó que solo se permita que una persona, de nacionalidad peruana y que acredite movilizarse por motivos de trabajo, pueda ir a bordo de una motocicleta, de tal manera que los delitos bajo este vehículo se puedan minimizar. Así también, que el presupuesto para pistas y obras, deberían ser utilizados para la seguridad ciudadana.

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Mirtha Ruelas, alcaldesa de Yura, puso a disposición las 7 camionetas de Serenazgo para que sean usadas por la Policía y solicitó poner mano dura a esta problemática.

La autoridad máxima, Victor Hugo Rivera, indicó que la medida es necesaria pese al impacto económico que podría generar en gremios empresariales y antecedentes como Lima y el Callao, donde no generó buenos resultados.

Desde la comuna provincial, se creará ordenanzas a fin de impedir que dos personas viajen en motocicleta, se implementará el chaleco reflectivo y casco donde figure notoriamente el número de placa de los vehículos, así también la fiscalización de inmuebles que son utilizados de alquiler y zonas rojas.

La punta de la madeja. Arequipa vive una emergencia por el avance del crimen organizado que opera en la ciudad desde el 2019. Según las propias investigaciones realizadas por la Policía y La Fiscalía contra la criminalidad organizada, la primera mafia en llegar a la ciudad fue la de “Los Gallegos” que comenzaron a distribuir droga en el Cercado y poco a poco su ilícito negocio se expandió a varios distritos bajo la fachada del delivery de comida.

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Con el paso del tiempo, expandieron sus actividades ilícitas a la trata de blancas, prostitución y el cobro de cupos a los ciudadanos colombianos que hacían préstamos “gota a gota”. Dentro de la misma organización hubo pugnas por el control y poder.

En septiembre de 2021,  Ricardo Peña Perales fue asesinado a balazos en la discoteca ‘El Búnker’ de la Av. Dolores, en José Luis Bustamante y Rivero, por la disputa que presuntamente tenía con el líder de la organización de “Los Gallegos”, Félix Maíz Rodríguez, ‘Felito’.

Ese primer acto a sangre fría expuso a la luz la violencia que eran capaces de desatar y que desde entonces se ha vuelto incontenible en la ciudad. Año tras año, las disputas no solo entre los remanentes de “Los Gallegos” sino con integrantes de otras organizaciones nacidas en la propia Arequipa como “los orientales”, han provocado que la estela de crímenes por encargo crezca.

De los cinco asesinatos que hubo en 2022, se incrementaron a 13 durante el año pasado y en los primeros 40 días del 2024 ya son cinco las víctimas de los sicarios, incluidos dos peruanos.

La frialdad con la que actúan estos criminales es escalofriante. Registran las ejecuciones en video y dejan advertencias de muerte a través de redes sociales para todos aquellos que intenten enfrentarlos y sobre todo a los que crean que pueden dejar de pagar sus cupos.

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Eso pasó con Meyker Bracho Arraona (24) y Geiberson Manuel Machuca Esteba (30). El primero fue acribillado de 23 balazos en Miraflores el 19 de enero; mientras que el segundo falleció de 14 tiros la semana pasada al salir de la barbería en la que trabajaba en la Av. Estados Unidos, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. En tanto que Jordán José Pérez Alvarado (23) fue acribillado de cuatro tiros cuando se dirigía a su morada en el sector de La Campiña, Socabaya.

Entre las víctimas de los sicarios también hay ciudadanos peruanos.

Johan Butrón Ponce y su amigo Raúl Vásquez Coaguila son víctimas del horror desatado por  los sicarios.

Ambos fueron acribillados de 18 balazos la tarde del último jueves mientras conversaban al interior del auto que Johan había alquilado para trabajar y en el que se habían reunido para irse a jugar fulbito.

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Tras el brutal ataque registrado por una cámara de seguridad, los pistoleros huyeron y a unas 10 cuadras se separaron.  El hampón que conducía la motocicleta de placa 6522-LC la pintó con aerosol rojo para cubrir el gris original y esa misma noche la abandonó en la calle 28 de julio en el sector de Semi Rural Pachacútec donde intentó quemarla.

Ayer la Policía recogió huellas de la unidad y la trasladó a la Divincri. Luis Ángel Graterol Navas es el dueño de la unidad, vive en Lima y tiene una denuncia por pérdida de documentos. La Policía indaga el móvil del crimen que podría tener su origen en un desencuentro con extranjeros, es decir un ajuste de cuentas.

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