Tribunal Militar investiga a coronel por robo de hangar

El Tribunal Supremo Militar Policial abrió proceso de investigación al coronel EP César Gerardo Claudet Morote y otros, por presunto delito de desobediencia a la autoridad y otros en agravio del Estado y el Ejército del Perú, relacionados con el hurto de un hangar militar del Centro de Mantenimiento de la Aviación del EP en La Joya, Arequipa.

A través del Oficio N° 1080, el coronel Fulgencio Gerbacio Galindo Ariza, fiscal supremo adjunto de la Vocalía Suprema Militar, pide a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, un informe de todo lo actuado en torno al robo del hangar, en especial las declaraciones de los investigados quienes son: Isaías Máximo Llallico Lozano, técnico del Ejército (quien dio cuenta de lo ocurrido en la Comisaría de Bustamante y Rivero), el chofer del tráiler en el que se halló parte de la estructura sustraída, Nicolás Llagua Bustinza; el conductor Dulio Bedregal Peralta (involucrado), el chatarrero que comercializó la carga, Estalin Edwin Condori Rojas; la compradora Sandra Ramírez Calle (ahora excluida del proceso) y los coroneles del Ejército César Alex Guerrero Rodríguez y César Gerardo Claudet Morote.

INVESTITACIÓN. El fiscal militar, informa a su par en el Ministerio Público que se ha abierto investigación preparatoria contra Claudet Morote y otros.

El documento fue recibido el 7 de mayo y el 15 del mismo mes se envió al Tribunal Militar el Oficio N° 00520 de la fiscal adjunta provincial del Ministerio Público, Fiori Ramírez Cueva, donde se da cuenta del envío de las copias certificadas que corresponden a la investigación sobre el robo del hangar, tal como lo solicitó el fiscal militar y notifica que se espera que la acusación fiscal quede consentida, para remitir lo necesario a la instancia castrense.

ANTECEDENTES. Como se recuerda, en marzo del 2017, fue robado un hangar de 100X50 metros de la base militar del Ejército en La Joya en circunstancias que aún no se han determinado. 15 días después, en abril de ese año, se denunció el delito ante la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, cuando el técnico EP Máximo Llallico, encontró en el sector de Avelino Cáceres un camión cargado con parte de la estructura que había sido depredada en plena base castrense.

Fue así cuando llegó a la delegación policial para pedir apoyo en el seguimiento del tráiler y la incautación de los objetos.

El caso pasó a manos de la Segunda Fiscalía Penal donde se han llevado a cabo las investigaciones que incluyen a personas civiles y militares. Lo que se ha determinado hasta ahora es que civiles ya identificados ingresaron a la base, desmontaron y cortaron la estructura de metal y la cargaron en un camión para venderla como chatarra.