Tras la decisión de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de suspender al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Antenor Gustavo Jorge Aliaga por presuntos negociados y coacción por favores sexuales, diversas instituciones se pronunciaron y apoyaron esta decisión, asegurando que la medida fue tardía.

El caso. La separación del magistrado fue tras la difusión de un audio en el que se le escucha negociar con una abogada la absolución de una procesada por lavado de activos que al parecer le correspondería. En dicho material la defensa ofrece dinero a cambio de una sentencia favorable para su patrocinada, pero la voz que pertenecería al magistrado, pide favores sexuales a cambio.

Este hecho ha generado la indignación de mucho sectores, sobre todo porque este año, Jorge Aliaga preside la Red Interinstitucional para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual (Ripavfs), que vela por los derechos de las mujeres.

Por ello, la fiscal de Familia de Ayacucho, María Jara, manifestó que es ‘repudiable’ la actitud del magistrado, pues va contra el honor y dignidad de la mujer y como tal tiene que ser sancionado.

Asimismo, el exdecano del Colegio de Abogados de Ayacucho, Víctor Oriundo Medina, manifestó que al escuchar el audio, todos los abogados se sintieron horrorizados por la forma de cómo se administra la justicia en la región.

Acotó que este tipo de delito merece una pena de seis años de pena efectiva, pero podría duplicarse por tratarse de una autoridad.

Según las normas, tras la suspensión de Antenor Jorge Aliaga, la encargatura de la presidencia de la Corte recaería en el magistrado con mayor antigüedad de la institución, es decir, César Prado Prado.

Los magistrados de la sala suprema, aún no se han pronunciado sobre este hecho, se espera que lo hagan en los próximos días.