El Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA) identificó pagos por concepto de bonificación diferencial del 30% y 35%, sin sustento legal ni asignación de recursos aprobados, beneficiando a funcionarios y trabajadores administrativos de la DREA, ocasionando un perjuicio económico a la entidad por S/ 922,069.73.
De la revisión documentaria, los auditores evidenciaron que, durante los periodos 2017 y 2018, los funcionarios y servidores tramitaron, autorizaron y ejecutaron pagos a colaboradores sujetos al Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, sin contar con sustento legal, ni asignación de recursos aprobados por el Gobierno Regional de Ayacucho y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Asimismo, los beneficiados de los desembolsos fueron los mismos funcionarios que interviniveron en el trámite y autorización de los pagos y de otros trabajadores administrativos a quienes se les realizó el abono a sus cuentas de haberes y de cheques.
Cabe mencionar que, el informe de Auditoria de Cumplimiento precisa que todo tipo de bonifaciones y reajustes de remuneraciones está prohibido por el Artículo 6° de la Ley del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2017 y para el Año Fiscal 2018.
Como resultado se identificó la presunta responsabilidad penal y administrativa en los Directores Regionales de Educación, Directores del Sistema Administrativo III, Directores de Gestión Institucional, Responsables de las Oficinas de Finanzas, Personal, Contabilidad y Tesorería.
Los hechos detectados se encuentran plasmados en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 004-2019-2-0712, el cual fue notificado al titular de la Dirección Regional de Educación y del Gobierno Regional de Ayacucho para coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y en el manejo de recursos.
Recomendaciones.
El OCI de la DREA recomendó al titular de ambas entidades que dispongan acciones adminsitrativas para deslindar responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos y que la Procuraduría Pública encargada de asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ayacucho inicie las acciones legales contra los involucrados.