Evaluarán propuesta de reformas en foro de gobernabilidad
Evaluarán propuesta de reformas en foro de gobernabilidad

Durante las dos últimas semanas, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, viene desarrollando una agenda sobre los que se viene discutiendo, a raíz de la iniciativa de las cinco reformas presentadas por el ejecutivo nacional con el objetivo de desarrollar reformas tanto electoral y constitucional.

Para ello, articularon esfuerzos con el despacho de la congresista Tania Pariona, el Grupo Iniciativa Ayacucho y la Asociación Civil Transparencia, a fin de desarrollar el foro debate denominado Reforma Política hacia el Bicentenario.

Lugar. El foro se desarrollará en el Centro Cultural de Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga a partir de las 3:00 de la tarde, dirigido por Gerardo Távara.

Al evento están invitados las miembros de las organizaciones sociales, representantes de movimientos y organizaciones políticas. Se esperaba la presencia de representantes del Congreso de la República aunque la coyuntura ha cambiado.

Hay que precisar que de doce reformas se quedó en cinco, el proyecto de Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 34 de la Constitución que impide que ser candidato a quien haya sido sentenciado en primera instancia por delitos dolosos con una pena mayo a 4 años de privación de la libertad; asimismo, el segundo proyecto presentado que propone la modificación de la Ley de organizaciones políticas que obliga elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias supervisadas por organismos internacionales.

De otro lado, el proyecto que tipifica los delitos de financiamiento indebido del organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos ; de otro lado la norma que elimina el voto preferencial en las listas parlamentarias y si no se establece la alternancia y paridad de género en la composición de las listas.

Finalmente, la reforma que permita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por la presunta comisión de delitos comunes de los congresistas a cargo de un órgano parlamentario.