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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formuló 83 denuncias penales por los presuntos delitos contra la voluntad popular, cometidos durante las elecciones regionales y municipales del 5 octubre pasado.
Una de la regiones involucradas con estas denuncias es Ayacucho, específicamente en Parinacochas, donde se habrían repartido los votos en blanco de una mesa de votación en el centro poblado Paucaray, distrito de San Francisco de Ravacayco.
Sanción. La decisión fue para impedir que los actos de violencia perpetrados en aquella jornada electoral queden impunes y, sobre todo, no vuelvan a repetirse.
El artículo 354 del Código Penal establece pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 10 años para el que, con violencia, perturba o impide que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional o local.
También el artículo 359 establece pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años, el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral falsifica o destruye, en todo o en parte las actas de escrutinio.
Al respecto, el jefe regional de ONPE Ayacucho, Mirko Huayanay, exigió todo el peso de la ley a quienes resulten responsables, en caso de comprobarse su responsabilidad.
"Debemos hacer respetar la democracia, y si hay evidencias claras, entonces la justicia que se encargue de ellos, como ejemplo para los siguientes comicios", dijo.