Confirman prisión preventiva del gobernador de Áncash

El titular del Gobierno Regional de Áncash (GRA), Juan Carlos Morillo Ulloa, deberá cumplir los nueve meses de prisión preventiva que se ordenó en su contra, esto luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash declarara como infundado el recurso que había presentado la defensa técnica del mandatario a fin de que recupere su libertad.

DECISIÓN

Como se recuerda, la madrugada del miércoles último culminó la audiencia en la que los abogados de Morillo Ulloa y los otros investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada expusieron sus argumentos para que se revoque la prisión preventiva. En tanto, el fiscal superior Jorge Luis Temple Temple fue el responsable de sustentar las razones para que se confirme la medida coercitiva.

Finalmente, la mañana de ayer se conoció la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones que preside el juez superior Máximo Francisco Maguiña Castro y la integran los magistrados Rosana Violeta Luna león (directora de debates) y Miguel Ángel Dueñas Arce.

El colegiado declaró infundado el recurso de apelación que presentó el gobernador Morillo Ulloa. La decisión fue similar para los requerimientos expuestos por los funcionarios del GRA Jiordano Alva Pinedo, Willian Rojas Vereau, Pedro Velezmoro Saénz, Juan Mendo Sánchez, Johnny Muñante Quispe y Ángel Velásquez Abanto. De igual forma, se desestimó el pedido de la empresaria Ninel Romero Bartusiak.

No obstante, la Sala declaró fundada la apelación interpuesta por la defensa técnica del imputado Ítalo Lon Kan Pérez y dispuso la renovación del acto procesal (audiencia de prisión preventiva) por el mismo juez penal competente, con la finalidad de que emita pronunciamiento completo sobre la medida coercitiva requerida en contra del referido investigado.

CASO

Vale precisar que fue Derby Quezada Blanco, juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz, quien dictó prisión preventiva en contra de estos nueve investigados, en diciembre último.

A los imputados se les atribuye haber efectuado acciones fuera de la ley para favorecer a la empresa que ejecutó la IOARR “Remodelación de ambiente complementario, adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y equipo ecógrafo; además de otros activos en el hospital Eleazar Guzmán Barrón”. De acuerdo al Ministerio Público, el referido proyecto, que costó más de 10 millones de soles, presenta irregularidades en sus componentes de infraestructura y equipamiento.

REACCIONES

El juez superior Temple destacó la decisión tomada por la Sala de Apelaciones.

“Es una decisión que saludamos y nos complace que la nueva conformación de la sala también haya mostrado una postura firme de lucha contra la corrupción”, señaló.

Asimismo, rechazó algún trasfondo político en el actuar de la Fiscalía.

“Nosotros no perseguimos políticos, el Ministerio Público persigue delitos”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Carlos Fernández, defensa del gobernador, señaló que evaluarán presentar una casación u otro recurso para lograr la libertad de su patrocinado.

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