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El alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Rori Mautino Ángeles, pasó a engrosar la larga lista de autoridades con prisión preventiva por casos que afectan las arcas del Estado.
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La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash, a cargo del magistrado Jorge Luis Temple Temple, logró que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN) ordene el mandato de prisión preventiva contra la autoridad edil de la capital de Áncash, así como de los funcionarios Andrés Alfredo Inga Sánchez, Walter Edmundo Revilla Cancán, Wilson Eder Sosa Pisfil y el empresario Jhon Stevens Mejía Morales, por el delito de colusión agravada por el caso “ciclovías”, en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Huaraz.
La audiencia de pedido de prisión preventiva se remonta al pasado 25 de julio, fecha en la que el fiscal adjunto Superior, Alex Huamán Jaimes, logró demostrar la responsabilidad del alcalde Provincial de Huaraz y funcionarios.
Esto tras una exhaustiva investigación y exposición de los graves y fundados elementos de convicción.
Es así que, mediante Resolución N°13646-2022 emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial, por unanimidad y ante el pedido del representante del Ministerio Público, se impuso a los imputados Eliseo Rori Mautino Ángeles, así como de los funcionarios Andrés Alfredo Inga Sánchez, Walter Edmundo Revilla Cancán, Wilson Eder Sosa Pisfil y el empresario Jhon Stevens Mejía Morales (presunto cómplice) la medida coercitiva de prisión preventiva por el plazo de doce meses, la misma que se contabilizará por el juez de Investigación Preparatoria correspondiente a partir del día en que se haga efectiva la detención, a fin de que los inculpados sean puestos a disposición e internados en el establecimiento penitenciario de Huaraz.
La Policía Judicial busca ahora al alcalde Mautino, a los tres funcionarios implicados y al empresario Jhon Mejía.
Irregularidades
En agosto del año pasado, la Contraloría General de la República emitió un informe sobre la contratación del servicio de implementación del sistema de transporte sostenible no motorizado (ciclovías) con un presupuesto de S/ 417 465,69 y que se proyectaba ejecutar en la avenida Pedro Pablo Villón entre las avenidas Mariscal Toribio de Luzuriaga y Agustín Gamarra.
La entidad fiscalizadora detectó que la comuna proyectó la ejecución de la ciclovía en la avenida Villón a pesar de que el expediente técnico de reconstrucción de la citada avenida considera la demolición de todo el pavimentado existente, posibilitando la perdida de la inversión efectuada.
Además, el expediente técnico aprobado no acredita el sustento de las encuestas realizadas para determinar la red del ciclista en avenidas con alto tránsito vehicular, posibilitando afectación al tránsito vehicular y a la población
El informe fue elaborado por la Gerencia Regional de Control de Áncash y comunicado al alcalde provincial Rori Mautino Ángeles el 9 de agosto del año pasado para que se tomen las medidas preventivas y correctivas que correspondan, lo cual nunca ocurrió.
