Fiscalía solicita que 10 personas queden detenidas por 7 días mientras se realizan diligencias por presunta colusión. Defensa de Morillo califica como “despropósito” el pedido.
Fiscalía solicita que 10 personas queden detenidas por 7 días mientras se realizan diligencias por presunta colusión. Defensa de Morillo califica como “despropósito” el pedido.

Un momento complicado enfrenta el titular del Gobierno Regional de Áncash (GRA), , tras el pedido de detención preliminar que ha planteado el Ministerio Público en su contra por presuntos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria.

PEDIDO

El viernes último, el fiscal Alexander Rojas Ascón, integrante de recientemente conformado equipo especial de fiscales de Áncash encargados de investigar presuntos actos de corrupción en las contrataciones de bienes y servicios del GRA en el marco de la pandemia, ingresó un pedido de detención preliminar en contra de 10 personas.

Además del gobernador, el magistrado ha pedido que sean detenidos por siete días Johnny Muñante Quispe, exgerente regional; Juan Mendo Sánchez, gerente de Administración; Pedro Velezmoro Sáenz, gerente de Infraestructura; Renzo Alva Pinedo, elaborador de expediente técnico; Antonio Cerna Shuan, evaluador del expediente; Ángel Velásquez Abanto, subgerente de Abastecimiento; William Rojas Vereau, subgerente de Estudios; y la empresaria Ninel Romero Bartusiak.

El juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia de Huaraz deberá resolver el pedido planteado por el Ministerio Público, en el marco de la pesquisa por la presunta comisión del delito de colusión agravada en la contratación realizada para la construcción e implementación de ambientes COVID-19 para el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

La Fiscalía también ha solicitado el allanamiento de la vivienda del gobernador y de otros investigados.

De acuerdo al Ministerio Público, existiría riesgo de fuga debido a que Morillo Ulloa no ha acudido a la sede del GRA en Huaraz desde agosto y tampoco está viviendo en su domicilio oficial de Chimbote.

DESCARGO

El abogado del mandatario ancashino, Carlos Fernández, consideró que la Fiscalía estaría actuando con apresuramiento al solicitar la detención preliminar.

De igual forma, calificó como un despropósito este requerimiento al considerar que no existen fundados elementos que vinculen a su patrocinado con un hecho delictivo. También deslizó que existiría algún tipo de presión.

Fernández sostuvo que Morillo viene despachando en la sede de la Subregión Pacífico y que es de público conocimiento su participación en diversos actos relacionados a su cargo.

“El gobernador está tranquilo porque no tiene nada que esconder (...) Nos vamos a seguir sometiendo a las investigaciones, no hemos cometido ningún acto de obstaculización”, declaró el letrado en una entrevista en RSD.