Cese de prisión preventiva de Francisco Gasco queda en suspenso
Cese de prisión preventiva de Francisco Gasco queda en suspenso

Los próximos días serán decisivos para el exalcalde del distrito de Nuevo Chimbote, , quien busca que se revoque la resolución judicial que declaró infundado su pedido de cese de prisión preventiva.

Tras escuchar los argumentos de los abogados del exburgomaestre, así como de la representante del Ministerio Público, los miembros de la Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia del Santa, anunciaron que notificarán su decisión a las partes procesales, en el plazo de ley, que puede ser hasta en diez hábiles.

El colegiado se encuentra integrado por los jueces Linda Vanini Chang, José Manzo Villanueva y Frey Tolentino Cruz.

AUDIENCIA. El exalcalde Francisco Gasco, siguió la audiencia, desarrollada ayer al mediodía, desde la sala de audiencias del penal Cambio Puente, mediante el sistema de video conferencia.

El abogado de Gasco, Víctor Chero Maldonado, indicó que busca que se revoque la resolución judicial emitida por el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria , Eudosio Arroyo Escalante, el pasado 24 de octubre de 2016, en la que negó el cese de prisión preventiva contra su patrocinado.

En aquel entonces, el juez Arroyo Escalante, tomó esta decisión por la existencia real de delitos y también porque ya había sentencias que habían sido dictadas para colaboradores eficaces del caso.

También consideró que los elementos de convicción que se han encontrado en el transcurso de las diligencias han “robustecido” la imputación que desarrolló el Ministerio Público contra Gasco.

Se debe recordar que el exburgomaestre sureño es acusado de los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Inicialmente, el Ministerio Público, imputó a la exautoridad edilicia, el delito de colusión agravada, sin embargo, luego varió su tipificación y lo acusó solo de colusión simple.

Los hechos en donde el Ministerio Público advirtió presuntas irregularidades están referidas a la licitación 002-2011 referente a pistas y veredas en el pueblo joven Villa María, la adjudicación de menor cuantía 003-2012 y la 002-2012 que tienen que ver con obras de pistas y veredas en la urbanización Los Portales.

El último hecho puesto bajo la lupa por la Fiscalía, está relacionado al proceso de licitación 009-2010 sobre la carpeta asfáltica 009-2010.

La Fiscalía acusó inicialmente a Gasco y a otras siete personas, entre exfuncionarios de su gestión y empresarios, de haberse coludido para favorecer a determinados consorcios con las millonarias adjudicaciones. No obstante, solo han llegado hasta la etapa de juicio oral como acusados, además de Gasco Barreto, el exgerente municipal, Rodolfo Machaca Barrantes y la empresaria Rita Ramírez Chávez. Para los demás de declaró el sobreseimiento (archivo) de la causa.

Justamente la disminución de número de investigados en la etapa de juicio oral así como la modificación de colusión agravada por colusión simple, fue uno de los argumentos empleados por la defensa de Gasco para pretender que la Sala de Apelaciones le de la razón en su pedido.

“La acusación se ha ido desvaneciendo y el injusto penal se ha visto disminuido”, expresó el abogado Chero.

La defensa de Gasco, trajo a colación también la decisión judicial con la que el exgerente municipal Rodolfo Barrantes, pudo recuperar su libertad. Se debe recordar que el Poder Judicial dictó en la misma audiencia. mandato de prisión preventiva para Gasco y Barrantes por espacio de 18 meses, sin embargo, el exgerente edilicio, recuperó primero su libertad.

En esa línea, el letrado consideró que ambos procesados deberían ser “tratados de igual manera”.

“A ambos se les realiza las misma imputaciones, por lo que cual debe existir obrar con igual por parte de la justicia, bajo el principio de igualdad se debe revocar la resolución que negó la cesación de prisión preventiva de mi patrocinado”, señaló.

Pese a que Gasco estuvo prófugo de la justicia por espacio de dos años e incluso su nombre fue incluido en la lista de “Los más buscados”, el abogado sostuvo que su defendido sí colaboró con la justicia y se entregó voluntariamente, a diferencia de Barrantes, que abandonó la clandestinidad recién cuando la justicia le levantó la orden de captura.

A su turno, la fiscal superior María Valencia Pozo, pidió a los integrantes de la Sala de Apelaciones que confirmen la decisión de primera instancia que denegó el pedido de cese de prisión preventiva para Francisco Gasco Barreto.

La magistrada dijo que la defensa no ha podido traer a la audiencia la existencia de nuevos elementos de convicción que puedan hacer que se varíe el mandato de prisión preventiva por comparecencia para Gasco.

”Eso es un requisito fundamental que nos piden la norma para el cese de prisión preventiva”, expresó la representante del Ministerio Público.

“Nosotros consideramos que en la carpeta subsisten los elementos de convicción que justifican de manera adecuada el mandato de prisión preventiva”, agregó.

Asimismo, la fiscal Valencia hizo mención al vídeo que presentó el Ministerio Público como prueba en la audiencia de prisión preventiva donde se hace mención a arreglos para presuntamente direccionar obras.

Aunque reconoció que se modificó el delito de colusión agravada a colusión simple, sostuvo que son tres hechos colusorios y un cargo de negociación incompatible, con lo cual, aplicando la sumatoria, por concurso real de delito, la pena contra los investigados supera los cuatro años de pena efectiva. El abogado de Gasco refutó este punto y dijo que solo son dos los hechos colusorios imputados a su patrocinado, por que los otros que inicialmente se investigaban, fueron archivados.

La fiscal también dijo que Francisco Gasco “eludió la acción de la justicia” al mantenerse prófugo por espacio de dos años, desde que se le dictó la orden de captura. Sobre esta afirmación, el abogado Chero insistió en que su patrocinado se puso a derecho y asumió con “hidalguía” el mandato de prisión preventiva.

Finalmente la magistrada Valencia consideró que sí podría existir peligro para obstruir a la justicia, por el poder económico y adquisitivo del investigado exalcalde. 

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