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Hoy cumple once días con paradero clandestino. Tras confirmarse la condena de siete años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito en su contra, la aún alcaldesa provincial del Santa ha escogido pasar a formar parte de la lista de prófugos para eludir la acción de la justicia.

A casi dos semanas, nadie conoce con exactitud la ubicación de la primera autoridad de nuestra provincia.

Sin embargo, la policía que empezó su búsqueda desde el pasado miércoles 23 de setiembre a las 3:16 de la tarde - fecha y hora en la que se emitió su orden de captura - por ahora ha reparado en un aspecto que ha arrojado el movimiento migratorio que solicitaron como una de las primeras acciones para ubicarlo.

El jefe de la Región Policial de Áncash, general PNP Juan Gálvez Escalante, informó a Correo que los últimos viajes que registra la autoridad, según el documento al que ellos han tenido acceso, da cuenta de viajes al país sureño de Chile.

“Hay varios viajes a Chile de ella, en los últimos años, nos hace suponer algunas cosas e indicios, de que podría tener familiares a los cuales visitaba, o tenía algún tipo de negocio, tiene que haber un motivo de los viajes y sobre esto estamos indagando”, explicó.

Pero con este indicio, para el general aún no es suficiente para afirmar o sospechar que la alcaldesa haya salido del país.

Además, recordó que el movimiento migratorio no registra viajes luego del 22 de setiembre, día en el que se conoció el fallo judicial en su contra.

“Lo que sabemos es que la señora alcaldesa, se encontraba en la municipalidad hasta el mediodía de la fecha de la sentencia. La orden de captura fue emitida al día siguiente, recién por la tarde, por lo tanto, si salía del país o viajaba a cualquier destino en ese intervalo de tiempo, nadie la podía capturar”, mencionó.

Sin embargo, el jefe policial hizo hincapié en que “por ahora no se puede descartar nada” con respecto a posibles paraderos de la autoridad o de su exconviviente Wuilmer Agapito Vásquez, quien también fue condenado y al igual que su expareja ha optado por la clandestinidad.

LOS CARROS AQUI. Otro de las acciones ejecutadas por la policía en estos once días, tras tener en sus manos la orden de captura contra estas dos personas, es pedir información a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) sobre las propiedades y vehículos que puedan tener.

El general indicó que la Sunarp les ha dado cuenta de dos vehículos a nombre de los prófugos.

“Con las placas de estos vehículos, hemos efectuado búsquedas en los puestos de control (peajes) y se ha informado que no han salido de la jurisdicción”, refirió el general.

Es decir, que en el caso de que la alcaldesa haya abandonado la ciudad, lo pudo haber hecho a bordo de vehículos de terceros, sin embargo los operativos efectuados en carreteras a carros particulares, tampoco han dado resultados hasta el momento.

La Sunarp también ha reportado la lista de viviendas a nombre de la alcaldesa y de Agapito, con las cuales la noche del martes 29 de setiembre, la policía allanó dos inmuebles, también con resultados negativos.

Justamente sobre estas acciones, fuentes afirman que se habría optado por allanar estas dos viviendas por constantes movimiento de personas cercanas a Victoria Espinoza, sin embargo el general Gálvez dijo, durante la entrevista, que no podía dar detalles al respecto.

Lo que sí dijo el general es que las labores de inteligencia han permitido descartar tres inmuebles que al principio estaban considerados como posibles escondites.

El general adelantó que en breve la búsqueda podría trascender la ciudad de Chimbote y que incluso podría llegar a Lima.

“Quiero aprovechar su medio ( de comunicación) para pedir a la ciudadanía que si tiene alguna pista de estas personas, que lo hagan saber a la policía, de esta forma podríamos dar con sus paraderos y cumplir con nuestro trabajo”, invocó el alto mando policial.

PIDE “IGUALDAD”. Al respecto, Augusto Cruz, abogado de Wuilmer Agapito dijo que le “sorprende el ahínco y dedicación que la puesto la policía la búsqueda de la señora Victoria Espinoza y de Wuilmer Agapito”.

“Yo sé que no es irregular, la policía está cumpliendo con su trabajo, pero me sorprende que no hayan hecho las mismas acciones con el exalcalde Gasco, por ejemplo, o con otras autoridades prófugas o con tanta gente que injustamente tiene prisión preventiva por ‘La Centralita’, que es un caso mediático”, expresó.

El letrado afirmó que no tiene contacto con su patrocinado desde un día antes de la audiencia, es decir, desde el lunes 21 de setiembre y que actualmente desconoce su paradero.

“Él (Agapito) no asistió a la audiencia por una descompensación que sufrió, porque incluso un día antes, él tenía que firmar en el juzgado y acudió, tanto él como la señora Victoria (...) ojo que el no acudir a una lectura de sentencia no es nada irregular ni un delito”, sostuvo.

“INESTABILIDAD”. Mientras tanto en los pasillos de la comuna provincial, es imposible no percibir la inestabilidad de lo que pueda suceder en breve.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sutramun), Jorge Velásquez Pérez reconoció que existe una “inestabilidad”, sin embargo aclaró que esta referida únicamente al tema político.

“No han existió retrasos en pagos o en beneficios, desde el principio esta gestión ha cumplido (...) la inestabilidad a la que hago referencia va por el tema político, hay desconfianza al ver a su autoridad sentenciada, quizá exista temor al momento de cumplir con sus tributos, en ese sentido”, anotó.

El dirigente sindical anunció que plantearán una reunión al alcalde encargado Julio Cortez para brindarle su “respaldo” y tratar la situación la municipalidad.

“Con quien entre, vamos a tratar de trabajar”, agregó.

Por su parte el alcalde encargado, Julio Cortez Rojas, sostuvo que viene trabajando para que la comuna no caiga en una situación de inestabilidad.

Aseveró que no han existido repercusiones en los temas administrativos de la municipalidad.

Sobre el proceso judicial al que está haciendo frente, reiteró que está confiado en que la justicia lo absolverá del delito de malversación de fondos público, por el cual lo acusa el Ministerio Público.

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