Cuatro años de cárcel para Espinoza y Cortez

La exalcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Victoria Espinoza García, regresó desde ayer a la clandestinidad, luego que el Poder Judicial la hallara culpable del delito de colusión y ordenara su internamiento en el penal Cambio Puente por los próximos cuatro años.

CONDENA. La condena que recibió la también candidata al Gobierno Regional de Áncash (GRA) por el movimiento Río Santa Caudaloso se dio como resultado de una investigación efectuada por Correo, lo que derivó en un proceso judicial al que fue sometida por la adquisición de semáforos “inteligentes” para la ciudad de Chimbote, por un monto superior a los 8 millones de soles. Dos peritajes de la Fiscalía estiman que la inversión que se hizo estuvo sobrevalorada en 3 millones y medio de soles, tal como lo reveló nuestro diario hace más de siete años.

La condena de 4 años también alcanza al actual alcalde de la comuna provincial, Julio Cortez Rojas, quien fue gerente municipal en la primera gestión de Espinoza García, cuando se adquirieron los aparatos.

La misma condena ha sido ordenada también para los actuales funcionarios de la Gerencia de Obras de la MPS, Javier Menacho y Micaela Flores, así como para el empresario Nicolás Rivas, representante del Consorcio Santa ITS, al que se adjudicó el millonario proceso.

La lista de sentenciados la completa el exjefe de Logística de la comuna provincial, Aquior Mendoza, a quien el juzgado impuso una pena de 2 años de cárcel efectiva, debido a su avanzada edad. El Poder Judicial también rechazó la solicitud de prescripción del delito que había planteado.

El juez Efer Díaz Uriarte fue quien dictó la condena y ordenó su inmediata ubicación y captura, ya que ninguno de los acusados acudió a la audiencia, la tarde de ayer.

El magistrado también ordenó que queden inhabilitados para ejercer la función pública por espacio de 4 años.

Además, dispuso que la reparación civil conste de la devolución de los 3 millones y medio de sobrevalorización así como el pago de 50 mil soles por el daño a la imagen de la comuna.

El juez dijo que optó por la pena efectiva de cárcel, debido a la pluralidad de participantes en la comisión del delito y además al monto defraudado al Estado.

INUBICABLES. Por la mañana Cortez Rojas estuvo en la comuna provincial y participó de la sesión mensual del Coprosec. De igual manera, se pudo comprobar que los funcionarios procesados también acudieron a trabajar.

Sin embargo, fuentes de Correo en la comuna refirieron que por la tarde, luego del almuerzo, ya no se vio al alcalde por el palacio municipal.

Brevemente, Cortez declaró a la prensa y no quiso precisar si asistiría a la diligencia. “Si hay que ir, iré, no estoy obligado a ir. Estoy aquí en mis reuniones, cumpliendo con mi agenda”, señaló.

Al término de la audiencia, los abogados de la exalcaldesa Espinoza afirmaron desconocer el paradero de su patrocinada y añadieron que no habían tenido comunicación con ella.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocía el paradero de los sentenciados.

COLUSIÓN. Para el juez Efer Díaz se probaron, a través de documentales y testimonios, que los acusados incurrieron en el delito de colusión.

Y es que además de la escandalosa sobrevalorización que arrojan los peritajes, hay otros elementos tomados en cuenta para la decisión del juez. Uno de ellos es, por ejemplo, que inicialmente el proyecto tenía un costo estimado en 2 millones y medio de soles en el Plan de Anual de Contrataciones (PAC) de 2009.

Sin embargo, cuando la gestión decidió sacar adelante esta adquisición (ya con el costo de 8 millones de soles), documentos de la misma administración municipal daban cuenta de que no se contaba con la disponibilidad presupuestaria, por lo que se hicieron modificaciones en el PAC para incorporarlo.

Durante el proceso de licitación, también se dieron algunas situaciones que provocaron la sospecha de un ilícito como las constantes postergaciones y cancelaciones del proceso de licitación. Lo que llamó la atención del magistrado es que en el contrato que firma el entonces gerente con el empresario Nicolás Rivas, este último firma como el representante de la empresa ganadora, pese a que su nombre figuraba como uno de los postores que perdió la licitación.

Durante la ejecución también se dieron hasta tres ampliaciones de plazo, que hicieron que el proyecto no se concluya en los 90 días, como se había fijado, sin que se interponga ninguna penalidad al consorcio.

Además, dijo que se cuenta con una acta de recepción de la obra firmada por los funcionarios de la Gerencia de Obras, pese a que no había sido liquidada.

La lectura íntegra de la sentencia se hará el 16 de julio.