Poder Judicial confirma los 4 años de cárcel para Victoria Espinoza y Julio Cortez

Finalmente, Victoria Espinoza y Julio Cortez, no recuperarán su libertad. La Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, reveló ayer su fallo en el que confirma la condena de cuatro años de cárcel que se le impuso a ambos por el delito de colusión en el sonado caso de los semáforos “inteligentes”.

La pena de cuatro de años de prisión también fue confirmada para los prófugos exfuncionarios de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Micaela Flores García y Javier Menacho Méndez, así como para el empresario de nacionalidad chilena Nicolás Rivas Gay, representante del consorcio Santa ITS, al que se le adjudicó la buena pro para la adquisición de los artefactos, valorizados en más de 8 millones de soles.

El colegiado solo consideró reformar la pena del procesado Aquior Mendoza Mendoza, exjefe de Logística de la comuna en la primera gestión de Espinoza García. En su caso, se dictaminó que cumpla 3 años de pena suspendida, cumpliendo reglas de conducta como no ausentarse del país, así como firmar el cuaderno de control de manera mensual.

De esta forma, los jueces rechazaron el recurso de apelación a la condena que les impuso, en primera instancia, el juez Efer Díaz Uriarte, a los candidatos del movimiento político Río Santa Caudaloso.

Se debe mencionar que en el fallo los jueces también desestimaron el pedido de la Fiscalía de adicionar diez meses de cárcel a los sentenciados.

También fue confirmado el monto de la reparación civil, que en total asciende a 3 millones 600 mil soles, de los cuales 50 mil soles han sido fijados como pago por el daño de la imagen de la comuna provincial y el resto es considerado el perjuicio a los recursos de la comuna, ya que es el monto en el que presuntamente se habrían sobrevalorado los semáforos, tal y como lo denunció Correo en el 2010.

Respecto al tiempo de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, todos los procesados quedaron prohibidos de desempeñarse en entidades del Estado durante el tiempo en el que dure su condena.

La defensa de los acusados anunció que planteará un recurso de casación, el cual deberá ser presentado en el plazo de ley, que se contabilizará desde el día en que se les notifique toda la sentencia. Este recurso será evaluado por la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando pase el primer filtro, que es el de la Sala de Apelaciones del Santa.

Tras la audiencia de ayer, el abogado Augusto Cruz, quien patrocina a Victoria Espinoza y Julio Cortez, abandonó la sala sin brindar declaraciones a los medios, señalando que tenía que asistir a otra diligencia.

ROSARIO DE ACTOS. La sentencia que confirma la condena a los líderes del movimiento riosanteño contiene 111 páginas, pero ayer solo se leyeron aproximadamente 30, que abarcan la parte de los considerados y la decisión del colegiado. Este acuerdo fue aprobado por los abogados de la defensa.

Aunque no se leyó el integro de la sentencia, de lo expuesto, se evidenció que los jueces superirores Carlos Maya Espinoza, José Manzo Villanueva y Pedro Rodríguez Huayaney, compartieron el criterio que tuvo su colega, el juez de primera instancia Efer Díaz Uriarte, para dictar condena en contra de los exalcaldes de Chimbote y sus funcionarios de confianza.

Además de la sobrevalización de más de 3 millones de soles en el precio de los semáforos; los jueces dieron cuenta de la existencia de otros 12 hechos más antes, durante y después del proceso de selección, que hacen inferir que, efectivamente, los funcionarios municipales se coludieron con el empresario “para defraudar al Estado”, representado en este caso, por la comuna provincial.

Asi, por ejemplo, se menciona que en un inicio la obra estaba contemplada a serlicitada con un presupuesto de 2 millones 500 mil soles. Sin embargo, luego se hizo su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con más metas y también con mayor presupuesto, llegando a costar los S/ 8 millones de soles.

También se observó la “inexperiencia comercial” que tenía el postor que fue seleccionado, la incorporación de “requisitos innecesarios en las bases” con la finalidad de favorecer a la empresa, la aprobación del expediente en solo dos días, la inusitada celeridad en los plazos administrativos y del concurso; así como las ampliaciones que se dieron al consorcio, que fueron hasta tres, que hicieron que la obra sea entregada en 150 adicionales a los 90 que se habían proyectado.

DE FORMA. Respecto a los cuestionamientos técnicos de la defensa de los sentenciados, el tribunal fue desestimándolos uno por uno, invocando normas y diversas doctrinas jurisprudenciales.

Por ejemplo, los abogados sostenían que se había vulnerado el principio jurídico de que nadie podrá ser procesado ni mucho menos sancionado dos veces por los mismos hechos. La defensa sostenía este argumento debido a que el proyecto de los semáforos ya había sido materia de un pronunicamiento judicial en el expediente 470-2011. Sin embargo, los jueces consideraron que no se podía aplicar este principio, debido a que el caso al que invocaron los abogados tenía que ver con una pesquisa por abuso de autoridad que dista mucho del delito de colusión, que se les imputa en el caso semáforos.

Asimismo, concluyeron de que la Fiscalía sí cumplió con precisar adecuadamente la imputación necesaria, que es básica para la defensa de los imputados durante un proceso judicial.

Sobre la ejecución de la pena, si bien el colegiado considera que se habría podido aplicar una pena suspendida, también reparan en que todos los acusados, a excepción de Aquior Mendoza, han optado por la clandestinidad y que durante el juicio se declararon inocentes y no han evidenciado “intención de reparar el daño causado”.

De esta manera, los jueces también tiraron por los suelos la posibilidad de que el juicio sea anulado, y retorne a su face inicial, que era una de los escenarios que también les habría podido devolver la libertad a los acusados.

MENSAJES. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Procuraduría se mostraron conforme con lo decidido por los jueces.

La fiscal superior anticorrupción del Santa, Nancy Moreno Rivera, quien sustentó la posición del Ministerio Público en esta etapa del proceso, consideró que la acusación reunía los elementos suficientes para acreditar el delito de colusión que se les imputó a los funcionarios y el empresario.

“Se ha logrado la sentencia, que es lo correspondía. La Sala ha confirmado el fallo en todos sus extremos y eso es lo que tenía que hacerse, había suficiencia probatoria del acto de concertación entre los funcionarios de la municipalidad (...) evidentemente que sí (hubo corrupción), ha sido comprobado porque existen las pericias correspondientes y que se ha defraudado a la municipalidad por más de 3 millones de soles”, señaló.

Dijo que con esta sentencia, los funcionarios públicos deben entender que tienen el deber de cuidar los fondos del Estado que están bajo su administración.

De otro lado, Moreno, invocó a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que cumpla con su labor y capture a los funcionarios sentenciados, prófugos de la justicia desde el pasado 4 de julio.

“Evidentemente, le corresponde a ellos (la PNP) hacer efectiva esta sentencia y que capturen a los condenados”, expresó.

RÍO SANTA. A la audiencia de ayer asistieron varios militantes de Río Santa Caudaloso, así como funcionarios de las gestiones de Victoria Espinoza y Julio Cortez.

Humberto Ortiz Soto, actual candidato a primer regidor por esta agrupación y representante político de la misma, evitó pronunciarse sobre el criterio de la Sala. No obstante, afirmó que el partido sigue dándole su respaldo a ambos exalcaldes.

“Lo que queda claro es que en la familia de Río Santa caudaloso, seguimos dándole todo nuestro apoyo moral, es super doloroso, no lo esperábamos, creo que por lo demás no corresponde pronunciarnos”, señaló.