Al preso gobernador se le retiró el cargo por incumplimiento a Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Al preso gobernador se le retiró el cargo por incumplimiento a Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Por mayoría, el Consejo Regional de Áncash (CRA) aprobó la vacancia del preso gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, quien enfrenta diversas investigaciones por presuntos actos de corrupción en la ejecución de proyectos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Decisión

La vacancia del encarcelado mandatario ancashino se debatió en la última sesión del CRA, la cual se realizó de manera virtual.

La solicitud fue presentada por los consejeros Domingo Gómez Castillo, Miguel Rosales Tamariz, Filiberto Chacpi Rodríguez, Edgardo Solís Narro, Zenón Ayala López y Edgar Espinoza Ramírez.

Según informó Radio Santo Domingo, los representantes del legislativo regional argumentaron su pedido en la segunda parte del inciso 4 del artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que dice lo siguiente: El cargo de presidente, vicepresidente y consejeros del gobierno regional vaca al “dejar de residir de manera injustificada hasta un máximo de 180 días en la región o por un término igual al máximo permitido por Ley para hacer uso de licencia”.

En su intervención, el consejero Domingo Gómez argumentó que Morillo Ulloa no cumplió sus funciones propias del cargo desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 27 de enero del presente año, cuando el Jurado Nacional de Elecciones lo suspendió tras confirmarse su prisión preventiva. Adujo que durante dicho periodo, ni tiempo después, el gobernador solicitó licencia.

Por su parte, la defensa de Morillo pidió que se declare improcedente la vacancia pues “hay una suerte de interpretación errónea y equívoca” de la ley. Añadió que su patrocinado no ejerció el cargo por decisión propia, sino porque estuvo detenido y luego con prisión preventiva.

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