Constructora que gerenció Morillo fue sancionada por carta fianza falsa

En las redes sociales, el candidato a la Región de Somos Perú, Juan Carlos Morillo, afirma haber sido el ejecutor de importantes obras a nivel nacional. Sin embargo, en el 2011, una de las empresas que él representaba, estuvo involucrada en un caso de cartas fianzas falsas, que fueron presentadas para adjudicarse una obra en el Gobierno Regional de Áncash (GRA), entidad que hoy pretende gobernar.

La historia de este escándalo es fácil de encontrar. En la página del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), aún se encuentran las resoluciones con las que el Tribunal de Contrataciones del Estado, sancionó e inhabilitó por doce meses a la empresa JJM Minería y Construcción SAC, en la cual - según la hoja de vida que el mismo Morillo alcanzó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) - se desempeñó como gerente general.

LA HISTORIA. La sanción que el OSCE impuso a la empresa, que en ese entonces era representada por Morillo, le fue impuesta como parte del consorcio Marca, que estaba integrado por las constructoras Construmas SAC y Minerpool SRL.

Este consorcio se presentó al proceso de selección de la obra de mejoramiento de la carretera Chucchus - Marca, en el distrito de Marca, provincia del mismo nombre, que sacó a licitación el GRA, en el 2010, durante la gestión del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.

La obra estaba valorizada en 2’541,864.04 soles y aunque fue sacada a licitación en el 2010, recién el 14 de enero de 2011, el comité especial a cargo del proceso de selección declaró ganador al consorcio Marca, integrado por la constructora ligada a Morillo.

Una vez que ya se había declarado como ganadora a la empresa en mención, el GRA inició el proceso de verificación de la información que había proporcionado al momento del concurso. Es así que el oficio 003-2011 emitido por la Caja Municipal del Santa, con agencia en Huaraz, complicó ala constructora. La entidad crediticia informó al GRA que jamás había emitido la carta fianza 26-2011, por el importe de 25, 418.64 soles que el consorcio presentó al momento de adjudicarse la obra.

Tras la comunicación enviada por la Caja del Santa, el GRA tuvo que comunicar el hecho al Tribunal del OSCE. Es así que el 9 de agosto de 2011, esta entidad decide iniciar proceso sancionador contra las empresas que conformaron el consorcio que intentó sorprender a la entidad regional.

Cuando el OSCE inició el proceso en contra de las constructoras, solo la empresa que tenía como gerente a Juan Morillo presentó su descargo. La compañía aseveró ante el Tribunal que se enteró de la presentación de los documentos fraguados, una vez que la irregularidad fue dada a conocer por los medios de comunicación de Chimbote.

Asimismo, en su defensa JJM Minería y Construcción SAC, señaló que al haber participado de la licitación como consorcio, se designó a un representante, “otorgándole toda la capacidad para hacer y deshacer al consorcio”. Además, refieren que únicamente tenía el 1% de las utilidades que pueda obtener el consorcio.

También refiere que una vez que tomó conocimiento de la presentación de cartas fianzas falsas, fueron ellos quienes interpusieron la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Remarcaron una vez más que no les podrían imputar responsabilidad debido a que “bajo el principio de la buena fe y el principio de presunción de veracidad había confiado en los actuados de las personas designadas”, respecto a los aspectos financieros y a los demás temas que tenían que ver con el concurso en sí.

SANCIÓN. A pesar de los descargos hechos por la empresa JJM Minería y Construcción SAC, el tribunal concluyó que de todas maneras debía aplicársele la sanción de inhabilitación.

Sí bien el OSCE puntualiza que sí se deben aplicar responsabilidades delimitadas cuando se trata de un consorcio, considera que existe jurisprudencia del Tribunal que señala que “todo postor es responsable de la veracidad de los documentos presentados ante la Entidad, hayan sido proporcionados por el mismo o por un tercero”. Así las cosas, en el análisis que aplicó esta entidad, indican que en el caso de un posible beneficio producto de la presentación de un documento fraguado, “este (el beneficio) será aprovechado directamente por el postor, consecuentemente resulta razonable que sea también el postor el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso que dicho documento falso o inexacto se detecte”.

Para el Tribunal el descargo dado por JJM Minería y Construcción SAC, sobre que fue un representante del consorcio el responsable de todo el trámite administrativo y financiero, “no los exime de responsabilidad de la infracción imputada”.

Junto con la empresa que representaba Morillo, también fueron sancionadas las otras dos constructoras que conformaron el consorcio.

La sanción de inhabilitación por un año para contratar por el Estado fue declarada consentida, por parte del Tribunal. Así lo señala una publicación en el Diario Oficial El Peruano, en marzo de 2012, donde se da cuenta de la medida dictada en contra de la constructora y se indica que el recurso de reconsideración a la resolución de primera instancia, fue desestimada por tener la condición de extemporánea.

Según la página web de la Sunat, actualmente la empresa JJM Minería y Construcción SAC, es gerenciada por una de las hermanas de Morillo desde el 2015.

Según la hoja de vida del candidato de Somos Perú, fue gerente de esta empresa desde el 2006 hasta el 2012.