Fiscalía busca sumar 10 meses más de cárcel en condena por semáforos

El fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, pretende que se adicionen diez meses más de cárcel a la sentencia que recibieron Victoria Espinoza García, Julio Cortez Rojas, Micaela Flores Gómez, Javier Menacho Méndez y el empresario chileno Nicolás Rivas Gays; por el sonado caso de los semáforos “inteligentes”.

El representante del Ministerio Público, anunció que también apelará la sentencia dada por el juez Efer Díaz, en el extremo de la pena, ya que el magistrado ordenó como sanción 4 años de cárcel para los acusados. No obstante, Añanca recordó que la pretensión de la Fiscalía fue, desde un inicio, 4 años y diez meses de cárcel.

“Vamos a presentar la apelación en plazo de ley, luego de haber escuchado la lectura total de la sentencia”, declaró Añanca.

PELIGRO. El fiscal sostiene que existen elementos suficientes en su acusación, para que el juzgado pueda dictar la pena que su despacho requirió.

Además de ello, Añanca subraya en que siendo una pena que solo llega a los 4 años de cárcel, más adelante, algún recurso que imponga la defensa, puede convertirla en suspendida; es decir, los acusados aún cuando pueden ser considerados culpables, cumplirían su sanción en libertad.

“Vamos a ver los fundamentos que expondremos en nuestra apelación y la presentaremos dentro del plazo de ley”, refirió.

Sobre la conversión de la pena de dos años en suspendida para el acusado Aquior Mendoza, el fiscal dijo que no objetará esta decisión del juzgado.

Tanto Añanca como la parte de los acusados tienen hasta el próximo lunes 23 de julio para ingresar el escrito de apelación ante el juzgado del juez Efer Díaz. Ese será el primer filtro que deberá pasar el recurso, para luego ser elevado ante la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa.

CUESTIONAN. A su turno el abogado Roger Reyes García, abogado de Victoria Espinoza y Julio Cortez en otros procesos judiciales, pero que esta vez patrocina a los exfuncionarios municipales; cuestionó que el juez haya ordenado la inmediata ejecución de la efectividad de la pena, cuando esta no supera los 4 años de cárcel.

A decir del letrado la “ejecución previsional” de la pena que ha ordenado el juez Efer Díaz, “es desproporcionada a indebida”.

“El código penal señala que (la pena) debe ser suspendida cuando no excede los cuatro años”, declaró.

Además pese a que Espinoza, anteriormente se mantuvo en la clandestinidad, por espacio de nueve meses, el abogado Reyes afirma que el juez no puede señalar que existe peligro procesal, insistiendo en que la pena no debió hacerse efectiva.

Reyes aseveró que sus defendidos, los ahora prófugos exfuncionarios de la Gerencia de Obras de la MPS, concurrieron a las sesiones de audiencia de juicio oral, cumplieron con registrar su firma de manera mensual y además “son funcionarios públicos y toda la ciudad los ha visto siempre en obras”.

“En el caso de la señora Victoria Espinoza, quien fue alcaldesa hasta hace poco y está inscrita con su movimiento político para participar de las elecciones, es evidente que necesita del día a día para estar en contacto con las bases, con los pueblos, para poder contactarse y perfilar su plan de gobierno, es obvio que nunca va a fugar, que no va a eludir la acción de la justicia. Y en el caso del señor Cortez, estaba despachando día a día en la municipalidad, por tanto, no hay peligro procesal en ninguno de ellos”; remarcó.

A pesar que reiteró que no mantiene comunicación con sus defendidos, anunció que por el momento ninguno de ellos se pondrá a derecho. “Quién les devuelve los efectos de una prisión injusta”, enfatizó.

Aunque no quiso entrar en mayores detalles, el abogado dejó entrever que su pretensión de que la condena sea revisada por una segunda instancia, tendría como finalidad, lograr la nulidad.

“Para nosotros hay varios aspectos que son claves (para la apelación), básicamente que no se cumplen con los principios legitimadores de la prueba indiciaria, lo que significa que, desde ese ángulo, la sentencia debe ser declarada nula”, anotó.

PENDIENTE. El pasado 6 de julio, dos días después de que se dictara la orden de captura contra los sentenciados por el caso de los semáforos “inteligentes”, la Policía Judicial de Chimbote elevó ante el Ministerio del Interior (Mininter) un documento solicitando que los prófugos de esta pesquisa sean incluidos en la lista de “Los más buscados”.

El objetivo del requerimiento es que el Estado pueda fijar una recompensa para los ciudadanos que aporten pistas que permitan dar con el paradero de los requisitoriados.

Hasta el momento, el pedido hecho por la Policía de Chimbote, no ha tenido respuesta.

Este punto también fue cuestionado por el abogado Reyes García, ya que consideró que se “quebranta el principio de presunción de inocencia”, debido a que la sentencia aún no se encuentra consentida.