Fiscalía no ve paralización en caso San Bartolo

Al parecer, el Ministerio Público no comparte el sentido de preocupación por la “paralización” en las investigaciones del sonado caso San Bartolo que ha denunciado la Procuraduría Anticorrupción del Santa.

La pesquisa involucra al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar y al actual mandatario ancashino, Juan Carlos Morillo Ulloa. La ampliación del plazo de la pesquisa vence en febrero del próximo año y aún así hasta el momento no se han actuado más que toma de declaraciones de los imputados.

EL ANÁLISIS DE LA FISCALÍA

“El caso San Bartolo ha sido objeto de un sin número de cuestionamientos por la manera cómo se ha venido tramitando, lo cual incluso ha merecido la intervención de la Fiscalía de la Nación (órganos de control) en esta sede distrital fiscal”, señala el oficio que Richard Asmat cursó al despacho de la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Miriam Lucero Tamayo.

Asmat agrega en la comunicación : “anuado a lo señalado, centrándonos a la propia tramitación del caso, en la actualidad se pueden advertir una serie de demoras en la tramitación, en los pronunciamientos de fondo que acarrean severos cuestionamientos al Ministerio Público, bajo su Presidencia”.

Ante esto, se dispuso que un equipo de la Oficina Desconcertada de Control Interno (ODCI) del Santa, para que revise las actuaciones en la carpeta fiscal. La conclusión a la que llega el órgano de control es que el caso sí tiene el impulso correspondiente.

“De la revisión de los actuados, se ha establecido que el fiscal provincial responsable de la investigación está realizando actuaciones de impulso”, señala la resolución 13- 2019 del ODCI que está firmada por el fiscal adjunto superior Juan Carlos Fernández Linares.

En su parte resolutiva, ODCI indica que no encuentra indicios ni siquiera para abrir una investigación preliminar. No obstante, afirma que se mantendrá vigilante de las actuaciones fiscales, a través de visitas inopinadas, durante el plazo de la pesquisa que aún se encuentra vigente.

CAMBIOS Y DUDAS

Por ejemplo, el caso ha pasado hasta la fecha por cuatro fiscales diferentes. En un primer momento, estuvo a cargo del fiscal Laureano Añanca Chumbe, luego pasó al fiscal Carlos Roncal Cancino, el tercer fiscal a cargo fue Wilder Delgado Flores y a inicios de setiembre, pasó al despacho del fiscal Walberto Rodríguez Champi.

El Ministerio Público dispuso el inicio de la investigación preliminar en setiembre de 2017, luego de una denuncia interpuesta contra 46 personas, por la Procuraduría de la Contraloría General de la República, entidad que elaboró un informe desnudando las presuntas irregularidades en la construcción de este canal.

En octubre del 2018, a casi un año de la investigación preliminar, la Fiscalía Anticorrupción formaliza investigación preparatoria solo contra siete personas, dejando fuera a más de 30 personas, lo cual originó una queja formualda por la Procuraduría de la Contraloría.

Luego, la defensa del Estado, es decir, la misma Procuraduría llegó a tomar parte del caso. Es ahí que después de hacerse públicos una serie de documento, recién en mayo de este año, la Fiscalía emite una disposición de ampliación y recalificación de la investigación en la que sí se incluye a Morillo y Álvarez.

La batalla de la Procuraduría no acabó con la inclusión de más investigados, pues, se debe recordar que hasta ahora la Fiscalía no ha emitido pronunciamiento por el archivo de la invetigación para un grupo de exconsejeros regionales, quienes también fueron incluidos en la denuncia inicial.

Ahora bien, cuando el caso estaba en manos del fiscal Delgado, la Procuraduría había encontrado “armonía” en las diligencias. La defensa del Estado pidió una serie de diligencias, tales como el levantamiento del secreto bancario de las empresas y de los investigados, así como la verificación de cartas fianzas; la Fiscalía aceptó y al cabo de unos días, Wilder Delgado presentó su renuncia al cargo y pidió retonar a su plaza de origen, alejándose de este modo de la investigación.

CONTRA EL TIEMPO

En ese escenario, para febrero de 2020, la Fiscalía tendría que emitir su pronunciamiento, definiendo si acusa, o en su defecto, archiva .