Gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, cumplirá detención en la Dirincri

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, tendrá que cumplir los siete días de detención preliminar en la sede de la División de Investigación Criminal (Dirincri) de Huaraz, mientras el Ministerio Público prosigue con las diligencias en el marco de la investigación por colusión agravada.

ESTADO

Como es público, el mandatario ancashino fue detenido la mañana del lunes último en la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz; no obstante, horas después fue trasladado hasta una clínica debido a una descompensación.

Esto no fue un impedimento para que el juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Áncash, Derby Quezada Blanco, realice la audiencia de verificación de registro de identidad por detención preliminar e información de derechos.

El magistrado resolvió poner a Morillo Ulloa a disposición del Ministerio Público, para que efectúe las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos imputados y, de ser el caso, formule los cargos.

Asimismo, ordenó su internamiento en el centro de detención policial pertinente, en este caso la Dirincri de Huaraz. Por disposición de la Fiscalía se dispuso que el mandatario ancashino permanezca en la clínica por 24 horas. Hasta el cierre de esta edición se supo que el estado de salud de la autoridad era estable, por lo cual no era necesario su traslado a un hospital.

DETENIDOS

La Fiscalía informó que el lunes último, además del gobernador, fueron detenidos Johnny Muñante Quispe, exgerente general del GRA; Pedro Velezmoro Saenz, gerente de infraestructura; Jiordano Alva Pinedo, responsable de la elaboración del IOARR (Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición); Renzo Cerna Shuan, encargado de la evaluación del IOARR; Juan Mendo Sánchez, subgerente de administración; Percy Rojas Vereau, gerente de estudios; y Ángel Velásquez Abanto, subgerente de abastecimiento.

No obstante, se desconocía el paradero de Italo Lonkan Perez, encargado de evaluar el IOARR, y la empresaria neochimbotana Ninel Romero Bartusiak.

Aquel día también se realizó el allanamiento de diversos inmuebles en Chimbote, Nuevo Chimbote, Huaraz, Trujillo y Lima. Se incautó objetos personales y documentación relacionada a la investigación, detalló la Fiscalía.

La pesquisa se encuentra a cargo de un grupo especial que encabeza el fiscal Robert Rojas Ascón. Se infiere que se cometieron actos de corrupción en las adquisiciones y servicios realizados durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Ayer, el GRA emitió un comunicado, firmado por la gerente Gina Gálvez, en la que se calificó como “arbitraria, abusiva e ilegal”, la detención de Morillo Ulloa y los funcionarios.

“Solo existe una hipótesis fiscal sobre el delito de colusión agravada que no ha sido probada ni demostrada”, se lee en el escrito.

Además, se indica que el gobernador es acusado solo por pedir al Consejo Regional que se aprueben las contrataciones directas durante la pandemia.