Interpol emite alerta roja por prófugo Rubén Moreno Olivo, alias “Goro”

Los esfuerzos por lograr poner a Rubén Moreno Olivo, alias “Goro”, una vez más, tras las rejas, han trascendido al territorio nacional. Y es que la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) ha emitido una orden de ubicación y captura a nivel internacional para que se pueda dar con el paradero del hampón, sindicado como el “brazo armado” de la red de corrupción que habría conformado el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.

Desde que abandonó el penal de Piedras Gordas para cumplir una orden de arresto domiciliario, pese a que sobre él pesaba una condena firme y ejecutoriada de 25 años por homicidio calificado, “Goro” se ha convertido en uno de los requisitoriados más buscados a nivel nacional, al punto que que el Ministerio del Interior (Mininter) ha ofrecido una recompensa de 100 mil soles, para quien ayude a dar con su paradero.

Lo que ha hecho la Interpol es emitir una alerta roja, se trata de un código que se emplea con la finalidad de que todos los países miembros estén prestos a poder detener a un requisitoriado. Este código se emplea con aquellos que son buscados para cumplir ordenes de cárcel efectiva.

La alerta emitida por la Interpol hace que la hipótesis de que “Goro” ha salido del país, cobre mayor fuerza.

BAJO LA LUPA

La medida fue tomada el 5 de julio, a través de la resolución 08-2019, que lleva la rúbrica del juez superior Williams Vizcarrra Tinedo, quien actúa como jefe de la Unidad de Investigaciones de la Odecma del Santa.

La decisión del juez Vizcarra recién ha sido notificada ayer al despacho de la Odecma, que se encuentra al frente de la juez superior Anita Vásquez, informaron fuentes judiciales de Correo.

INVESTIGADOS

Además, la Odecma ha dispuesto enviar los actuados en la investigación preliminar a la Gerencia de Administración de la Corte del Santa, para que otros dos trabajadores de áreas administrativas también sean investigados conforme al procedimiento de la función que desempenañan.

Si bien la resolución de inicio de la investigación disciplinaria lleva la rúbrica del juez Williams Vizcarra, en el documento se precisa que será el juez titular promovido, Víctor Alcocer Acosta, quien impulse las diligencias que se harán en esta etapa de indagación.

La investigación disciplinaria tendrá una duración de hasta 60 días, menciona la resolución del juez Vizcarra. Al cabo de este tiempo, el magistrado Víctor Alcocer evacuará un informe dirigido al jefe de la Unidad de Investigaciones, quien a su vez deberá emitir un pronunciamiento determinando o no responsabilidades en los servidores.

Como resultado de esta investigación, se podrían aplicar diversas sanciones: la más baja es una amonestación verbal y la más grave es una destitución.

POSIBLE DILACIÓN

Por ejemplo, el día 26 de junio, se hizo una visita al despacho de la Sala Penal Liquidadora para levantar información obrante en el expediente judicial de la causa que llevó este colegiado por el primer atentado contra el exconsejero regional, Ezequiel Nolasco, y que concluyó con una sentencia a Rubén y Gonzalo Moreno a 25 años de cárcel por homicidio calificado en agravio de Roberto Torres Blas, hijo político de Nolasco.

En esta etapa se ha podido comprobar que una vez que la Corte Suprema de Justicia devolvió el expediente a la Corte del Santa, tras rechazar la nulidad interpuesta por la defensa de los sentenciados, los trabajadores del distrito judicial del Santa sí cumplireron remitir los oficios correspondientes hasta a seis entidades para dar cuenta de que la sentencia había quedado firme y consentida. Los oficios se cursaron a entidades como el penal de Cambio Puente, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Registro Nacional de Condenas y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); entre otros.

Sin embargo, en el acervo documentario también obraba un documento que envió la Subdirección de Registro Penitenciario del INPE a la Corte del Santa, en el que hacían saber que la sentencia había sido enviada sin el fallo de primera instancia y por lo tanto el documento había sido observado. Esta comunicación se hizo en febrero de este año, durante el período de vacaciones judiciales y recién fue respondida en abril.

Así las cosas, la investigación disciplinaria busca determinar por qué es que se demoró en responder las observaciones que hizo el INPE y si fue una conducta sancionable por parte de los trabajadores involucrados.

Se debe recordar que esta misma irregularidad de observaciones en documento que envió la Corte del Santa para el registro de la condena, fue denunciada por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusddhh), Vicente Zeballos cuando fue convocado al Congreso de la República, tras el escándalo.

CELERIDAD

Aún cuando el plazo de la indagación es de hasta 60 días, afirmó que trabajarán con celeridad para definir si hay o no responsabilidad.

“Esta es una investigación mucho más profunda, se ha pedido el descargo de los investigados”, comentó.