Juicio oral por el crimen de Nolasco podría concluir aún en el 2020

El Colegiado “A” de la Sala Penal Nacional, donde se ventila el juicio por el crimen del exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos, batalla contra el tiempo en su objetivo de concluir con este proceso judicial antes de enero de 2020.

Aunque el caso ha ingresado a la etapa de alegatos de clausura de los imputados, este mes de noviembre la Sala entrará en una especie de receso por vacaciones. Para el próximo 13 del corriente se ha convocado a las partes a una audiencia, sin embargo, solo sesionarán para aprobar el acta de instalación y evitar que el juicio se “quiebre”. Recién el próximo 25 de noviembre se continurá con la oralización de las defensas de los expolicías y periodistas acusados de integrar la presunta organización criminal que lideró el exgobernador ancashino, César Álvarez Aguilar.

“Una vez que se retomen las audiencias (el día 25) se programarán audiencias de manera semanal para acelerar la parte final, de alegatos de clausura”, contaron fuentes judiciales de Correo vinculadas con el proceso.

La Sala planea concluir en diciembre el proceso judicial, debido a que en enero, por inicio del año judicial, se suelen recomponer las salas en todos los distritos judiciales. Lo que buscan es evitar complicaciones ante esta situación.

TIEMPO

El caso Nolasco tiene, además de César Álvarez y el exalcalde provincial, Luis Arroyo Rojas a otras 22 personas acusadas, dos de ellas en condición de prófugos, para quienes el juzgado ha reservado el juicio.

Hasta el momento ya han oralizado sus alegatos de clausura los abogados del exgerente regional Hernán Molina y el expolicía, Roberto Ísmodes Bustamente, quienes enfatizaron en la inocencia de sus patrocinados.

La Defensa Pública ha asumido el patrocinio de 15 procesados en este caso. Solo que hay un problema: el anterior abogado ha renunciado recientemente, y será otro defensor público que asuma su carga. Esta es otra dificultad que puede jugar en contra, ya que el nuevo letrado necesitará tiempo para estudiar el voluminoso expediente.

Ahora bien, otro factor que puede jugar en contra es que el juicio deberá trasldarse a los penales de Challapalca y Cochamarca, para escuchar los alegatos finales de los procesados, César Álvarez y Rubén Moreno Olivo, alias “Goro”.

A todo ello hay que sumarle los próximos feriados y fechas festivas que se vienen en el mes de diciembre.

Pese a todo este escenario la defensa de la familia Nolasco, ejercida por el letrado Marco Sánchez, se muestra optimista en que sí se pueda llegar a una sentencia antes de pasar al 2020.

“Creo que sí, según el escenario que se nos presenta, la Sala podría culminar en diciembre y evitar que se extienda hasta el 2020”, declaró en diálogo con Correo.

No obstante, consultadas a otros abogados del caso hechas por este diario, indican que lo más probable es que sí se extienda, mínimamente, hasta enero de 2020.

RATIFICAN

Asimismo, las penas concretas solicitadas por el Ministerio Público son de : para Álvarez, Arroyo y para el sicario, Joel Cruzate Pereda, “Colombiano”; la Fiscalía pide 35 años de cárcel, la pena máxima en este caso. El mismo tiempo de inhabilitación para la función pública.

Para Hernán Molina Trujillo y Manuel Palacios Flores, en su condición de funcionario y servidor público, respectivamente, la Fiscalía pide seis años y tres meses, solo por asociación ilícita para delinquir.

En el caso de los exdirigentes de Construcción Civil, Víctor López Padilla y Modesto Mondrangón Becerra, también por asociación ilícita, piden cinco y cuatro años de prisión, respectivamente.

Los procesados Jorge Luis Burgos Guanilo y José Luis Carmen Ramos, son considerados funcionarios y servidores "de facto” para la Fiscalía y hacen frente a un pedido de siete años y 11 meses de prisión.

Los expolicías Roberto Ismodes Bustamente, Hugo Mayo Cortez, César Sihuas Gonzales, Wilmer Vargas Llumpor Ricardo Patiño Marmanillo, procesados por asociación ilícita para delinquir, tienen sobre ellos, un pedido de 6 años y 10 meses de cárcel. Mientras que Juan Calderón Altamarino, exaliado y luego enemigo público de Álvarez, tiene una acusación por asociación ilícita por la que se pide cuatro años de cárcel para él, al igual que para Edwin Fajardo Pitmán.

Para Rubén Moreno Oliva y Jorge Luis Loloy Valencia, alias “Chino Malca” piden 33 años de cárcel y para Rómulo Saavedra Acosta, 32 años, de reclusión.