El Pronabi toma el manejo de 7 predios en pesquisa a Valentín Fernández (FOTOS Y VIDEO)

Según la resolución judicial también se dio luz verde a la incautación del predio situado en la avenida Coishco, que se encuentra con la construcción incompleta. Los otras viviendas hasta donde llegó el Ministerio Público se ubican en las urbanizaciones California y Járdines del Golf, ambas situadas en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera.

También en Trujillo, se incautó un predio ubicado en la avenida Fátima. En uno de los bienes, ahora bajo custodia del Pronabi, funciona la institución educativa particular Jan Komensky, otro es un recreo campestre de nombre “Don Vale” y en otro predio funciona el estudio de abogados Muñiz, el cual emitió un comunicando aclarando que no tiene ninguna vinculación con el titular del predio y que solo ocupaba este local en calidad de arrendatario.

ADVERTIDO. Un día antes de la presencia de la Fiscalía y la Policía en su vivienda, Valentín Fernández ya sabía la incautación. En declaraciones a la prensa dijo que “sus amigos del Poder Judicial” le habían advertido que pretendían quitarle la casa.

Es así que por la noche del último miércoles, a través de las redes sociales, se difundieron informaciones de que el burgomaestre junto con sus familiares habían retirado sus bienes del interior del inmueble.

Policías que ingresaron al interior de la vivienda donde residía Fernández Bazán y su familia, confirmaron a Correo que, al menos en ese predio, no hallaron nada.

Valentín Fernández llegó hasta su vivienda en la urbanización Casuarinas, y calificó la acción de la Fiscalía como “arbitraria”, al tiempo de anunciar que presentará los recursos legales correspondientes para que los predios vuelvan a la administración de sus dueños.

Esta vez la autoridad edilicia cambió de versión y dijo que tomó conocimiento de la diligencia por las alertas registrales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

“Había ese rumor (de la incutación) porque lo vimos en Registros Público y yo tenía la esperanza de que esa injusticia no se iba a hacer. Si está en Registros Públicos, es obvio que asuma eso”, señaló.

Acusó a la Fiscalía de querer lavarse la cara con su caso y consideró que la acción de ayer tuvo un tinte político, por su condición de candidato a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial del Santa por la agrupación Alianza por el Progreso (APP) en estos comicios.

“Esto es un circo de los operadores de justicia que quieren lavarse la cara en el Perú. Esto no es así. A mi me denunciaron por enriquecimiento ilícito y se me ha absuelto en todas las instancias, por el mismo tema, me están enjuiciando por lavado de activos y este proceso terminó el 2 de agosto, han tenido más de tres años en investigación y justo cuando estoy en contienda electoral, y estamos en una opción favorita, que aparezca un tema cuando ya acabó el plazo”, sentenció.

El burgomaestre agregó que ahora irá a vivir a un hotel junto con su familia, sin embargo, confió en que el Poder Judicial aplique el mismo criterio que en el caso del expresidente Ollanta Humala, contra quien también se dispuso una medida de incautación, que luego fue levantada.

Al cabo de cuatro horas de permanecer al interior de la vivienda, la comisión de fiscales, policías y el Pronabi, salió de la vivienda, en donde ahora se encuentran pegados varios carteles con la denominación de “inmueble administrado por el Estado”.

DENTRO DEL PLAZO. Al respecto, en declaraciones a Correo Chimbote, el fiscal anticorrupción Laureano Añanca defendió le medida que solicitó su despacho y afirmó que se trata de una medida cautelar enmarcada en la ley, que tiene como finalidad evitar el traspaso de alguno de los bienes que tienen los investigados.

Asimismo, explicó que servirá para que la Fiscalía pueda concluir con el informe pericial, valorativo y contable de estos predios que servirá como base para que presente su acusación.

Y es que hasta el momento, la Fiscalía cuenta solo con el valor económico de los terrenos (de acuerdo a las partidas registrales) más no el de la inversión que se hizo para construir las viviendas, lo cual será materia del informe pericial.

Añanca Chumbe aseveró que el plazo de la investigación no ha concluido como lo ha señalado Valentín Fernández. Recordó que el juzgado ordenó un plazo de ocho meses de investigación suplementaria, pero que esta decisión fue apelada por la defensa de los investigados y en segunda instancia, los jueces reformularon el plazo de ocho a seis meses, que formalmente debieron concluir el pasado seis de agosto.

Sin embargo, el 31 de julio último, el Ministerio Público, ha planteado ante el juzgado de investigación preparatoria un recurso de “reposición de dos meses de plazo”, argumentando que hubo obstaculizaciones por parte de los investigados. Sobre este pedido, el juez aún no se ha pronunciado, por lo que la Fiscalía interpreta que la investigación “se encuentra dentro del plazo”.

“El Ministerio Público lo que ha hecho es computar qué tiempo nos han hecho perder de esos seis meses y eso estamos pidiendo, que nos reponga n (...) para la Fiscalía se entiende que el plazo aún sigue en curso”, anotó.

Añanca Chumbe reconoció que la resolución de incautación fue emitida el pasado 30 de julio, sin embargo, aseveró que “por coordinaciones” que tenía que hacer con la Policía y el Pronabi, recién se concretó ayer.