Nuevo Chimbote: Piden 8 meses más para investigar a Valentín Fernández y Juan Gasco

Al considerarlo un caso complejo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa pidió ocho meses más de plazo para investigar al alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán; su predecesor Juan Gasco Barreto; y otras siete personas más por presuntos malos manejos de la panadería municipal “El Sureñito”.

No obstante, el juez dio un plazo cinco días al representante del Ministerio Público para que subsane su teoría del caso y fije una estrategia de investigación para determinar si es que aprueba o no su requerimiento.

INVESTIGACIÓN. La audiencia se desarrollo ayer en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, a cargo del magistrado Eudosio Escalante Arroyo.

El fiscal adjunto de Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa, José Olivos Cosio, fue el encargado de sustentar el pedido de ampliación de plazo.

Antes de nada, vale precisar que en este caso el alcalde Valentín Fernández es acusado de cometer los presuntos delitos de peculado doloso, malversación de fondos agravado y delitos contra la fe pública, falsificación de documentos, esto durante su gestión municipal 2007 -2010. En tanto, Francisco Gasco es inculpado de peculado doloso y malversación de fondos.

La Fiscalía imputa a Valentín Fernández que, en su condición de burgomaestre, habría malversado dinero del Presupuesto Participativo del año 2007 al constituir la panadería municipal “El Sureñito”, cuando a mérito del acta de sesión de concejo extraordinaria N° 027-2007, de fecha 11 de setiembre del 2007, se había aprobado la creación de la panificadora “El Buen Pastor”. No obstante a ello, conforme al acuerdo de concejo N° 060-2007, también de la misma fecha, se aprueba la inscripción registral de “El Sureñito”.

El objetivo de esta última empresa era la enseñanza en la elaboración y comercialización de productos de panificación y sus derivados, lo cual obedece a un fin diferente a lo señalado por el proyecto de inversión pública, con código SNIP N° 51533 y para lo cual se destinó un presupuesto de 377 mil 493 soles para la compra de máquinas para implementar la panadería, cuando lo que se buscaba era el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores del asentamiento humano La Molina, reduciendo la desnutrición infantil. Además del monto referido, la comuna sureña constituyó la panadería con un capital social de 287 mil 890 soles.

Para la Fiscalía, la curiosa aparición del acta de sesión de concejo que permitió la constitución de la panadería “El Sureñito”, sería también un hecho que constituye un delito contra la fe pública, porque se habrían falsificado documentos. Ya que inicialmente se ordenaba la creación de la panadería “El Buen Pastor”.

El prófugo exalcalde Francisco Gasco Barreto también esta inmerso en la investigación porque se le acusa de haber malversado dinero del patrimonio municipal para impulsar el funcionamiento de la cuestionada panadería, hecho que se habría suscitado en el año 2012 con los panetones “El Sureñito”, los turrones “Paquito” y los panetones “Nuevo Chimbote”. Asimismo, se le acusa de haberse apropiado del dinero productos de las ventas de los productos que elaboró la referida panadería habiendo incurrido en la presunta comisión del delito de peculado por apropiación.

ACUSADOS. Rosario Sánchez Valdivia, Joel Alvarez Melo y Richard Rivas Sandoval, quienes se desempeñaron en distintos momentos en el cargo de gerente general de la panadería municipal “El Sureñito”, también son investigados por peculado doloso. Se infiere que habrían permitido irregularidades en el funcionamiento de dicha empresa con el objetivo de apropiarse de los fondos.

En tanto, Rudy De La Torre Huamani, Paul Novoa García y Danney Robinsón Carrasco Rosas son acusados de favorecer a los gerentes y ayudarlos como integrantes del directorio de la empresa, para que estos puedan cometer hechos irregulares, incurriendo así en el delito de peculado por apropiación.

Miguel Dueñas Mejía fue la persona que inició los trabajos con la maquinaria comprada por la comuna sureña para la panadería “El Sureñito” y se le acusa de no haber rendido cuentas de la venta de los panes, que eran productos que elaboraba dicha empresa y que generaban una ganancia diaria de 772 soles. Por este hecho, se le acusa de cómplice primario del delito de peculado por apropiación.

PEDIDO. En la audiencia de ayer, el fiscal anticorrupción sustentó su pedido de ampliar a ocho meses más el plazo de la investigación pues todavía quedan pendientes algunas diligencias.

Detalló que se hace falta realizar una pericia contable y una perificia grafotécnica, así como recoger más testimoniales y recabar otros documentos.

Sustentó que es necesario más tiempo para culminar con estas diligencias debido a la carencia que tiene el Ministerio Público del Santa, que solo cuenta con un perito contable.

Al respecto, la defensa de los investigados sostuvo que el plazo de ocho meses solicitado por la Fiscalía resulta excesivo y pidió que solo se otorgue un periodo adicional de cuatro meses.

DISPOSICIÓN. Debido a que la investigación preliminar de este caso inició en octubre de 2014, el juez Eudosio Escalante consideró que a esta altura el Ministerio Público ya debería tener claro las partidas presupuestales que se habrían afectado para la construcción de la panadería, con lo cual se sustentaría la comisión del delito de malversación de fondos.

“Se debe establecer cuál es la partida presupuestaria que se ha afectado para usar el dinero en esa panadería”, expresó el magistrado.

En tal sentido, el juez decidió otorgar un plazo de cinco días para que la Fiscalía “subsane su teoría del caso y fije una estrategia en torno a los delitos que son materia de investigación”.

Se fijó una próxima audiencia para el miércoles 18 a las 4:00 p.m., fecha en la que el juez decidirá si es que acepta o no el pedido de ampliación de plazo solicitado por el Ministerio Público.