Procuraduría insiste en incluir malversación en pesquisa de San Bartolo

Si bien la Procuraduría Anticorrupción del Santa ha considerado oportuno que se haya ampliado la cantidad de investigados y recalificado el delito en la pesquisa por el canal Santa - San Bartolo, de todos modos, presentó su queja de derecho.

UN DELITO MÁS

El pedido para ampliar las pesquisas al delito de malversación, ya había sido presentado anteriormente por la Procuraduría, sin embargo, en las últimas disposiciones fiscales que se han emitido, no ha existido pronunciamiento del Ministerio Público respecto a esta pretensión.

Es más, se debe recordar que la misma Fiscalía Superior, consideró que también se tipificaba este delito, cuando tomó la decisión de anular la resolución con la que se archivó el caso para más de 20 personas.

MÁS INVESTIGADOS

Dentro de este grupo de personas se encuentran, por ejemplo, los consejeros que aprobaron el convenio con la OEI para que lleve adelante la licitación de un paquete de obras, entre las que estaba la del canal San Bartolo.

“Ha sido un acto de acuerdo a ley (la nueva disposición fiscal). Las pruebas son contundentes y caían por su propio peso y tenía que recalificarse (el delito) y creemos que estamos por un camino acertado”, señaló Asmat.

“La recalificación absolutamente lo compartimos, para nosotros es también una colusión. Tenemos que esperar el pronunciamiento porque el día de ayer (el jueves) se ha presentado una queja de derecho ya que se está archivando el caso para otras personas, que a nuestro entender, habrían tenido cierta participación”, mencionó luego.

El letrado remarcó que el informe de La Contraloría tiene carácter de “prueba preconstituida” y volvió a cuestionar que en su momento la Fiscalía no haya considerado toda la documentación que esta contenía y que, a su criterio, no solo evidencian responsabilidad en funcionarios.

“El consorcio (San Bartolo) sabía que las bases y el contrato no estipulaban que tenían que pagarse adelantos, pero en diciembre presenta su carta pidiendo el adelanto (...)¿(El gobernador) no ha tenido participación?, es la pregunta, tendrá que demostrarlo”, refirió.

Agregó que el pedido de que la investigación sea trasladado a otro distrito fiscal, sigue en pié, no obstante, refirió que es una decisión que deberá tomar el Ministerio Público.

POSIBILIDADES

Recalcó que para, por ejemplo, solicitar una medida de prisión preventiva, se deben cumplir los presupuestos de graves y fundados elementos de convicción, que la pena a imponer sea superior a cuatro años de cárcel y que se evidencien acciones de obstrucción a la justicia o peligro de fuga, por parte de los investigados. El procurador, considera que estas tres exigencias legales, sí se cumplen.