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Este argumento fue usado por la abogada Cecilia Vereau Chico, en la audiencia del 20 de noviembre, de apelación a la prisión preventiva .

El colegiado terminó fallando falló a favor de la imputada y le varió la prisión preventiva por comparecencia restringida.

Como se conoce, la medida coercitiva de 18 meses fue dictada el 14 de agosto, por la ahora exjueza nacional de Investigación Preparatoria, Mercedes Caballero.

LA DEFENSA. En la audiencia, Vereau Chico en su afán de convencer a los jueces Edita Condori Fernandez, Sonia Torre Muñoz y Rómulo Carcausto Calla, explicó porque su defendía no representaba un peligro procesal (fuga y obstaculización) que es uno de los tres elementos que deben existir juntos para que se mantenga una medida de prisión preventiva.

Antes refirió que la jueza Caballero solo le cuestionó a Asián Barahona el arraigo laboral, pero que sí le reconoció los arraigos familiar y domiciliario.

“Deje decirles señores magistrados que el arraigo laboral está en la labor de madre, el peligro procesal concluye cuando esta supuesta organización ya fue desarticulada con la detención del presidente regional César Álvarez, desde que el presidente regional está preso y los demás coimputados siguen la misma suerte; entonces ¿de qué organización criminal estamos hablando?”, se preguntó la abogada.

APROVECHÓ ERROR. El otro elemento de la prisión preventiva que la abogada ‘atacó’ fue los fundados y graves elementos de convicción para estimar que la investigada cometió el delito.

Para esto, Vereau aprovechó un error de la fiscalía cuando en su oportunidad sustentó el requerimiento de prisión preventiva.

Sucede que la fiscalía entre otras cosas en su escrito había sindicado que Asián usó dos vehículos de empresarios que ganaron obras en el Gobierno Regional de Áncash, para así sustentar su participación en la organización criminal.

Entre ellos, está la camioneta de placa LGS-266 de Rosa María Bartra Naveda gerente de Invermart, que fue revelado por Correo Chimbote.

Sin embargo, en la audiencia el fiscal no oralizó este elemento de convicción y por eso la jueza Caballero no lo comprendió en su decisión.

LO OBSERVÓ. En su participación, lo primero que hizo el fiscal superior nacional anticorrupción José Nuñez Chasquero fue observar que la defensa de Asián había reconocido la existencia de una organización criminal.

“Señores magistrados, la defensa al concluir ha aceptado la existencia de una organización criminal liderada por el señor César Álvarez, esposo de la imputada”, apuntó.

Dijo además que la existencia de esta organización está “también acreditada por diversas resolución emitidas por su colegiado”.

Ya en las preguntas, el fiscal recordó la imputación contra Asián, en su condición de presidenta del Comité de Damas del GRA.

“Dentro de la organización criminal, había un aparato dedicado a hacer labor social, esto con la finalidad de ganar electores, porque el objetivo final era reelegirse permamentemente, su labor era importante”, subrayó.

Dijo que este “aparato” funcionó “empleando de manera irregular al personal y al material logístico que operaba en el local denominado La Centralita, personal que formaba parte del GRA; haber empleado de manera irregular el material logístico y objetos, que provenían del cobro de diezmos a las empresas que resultaban ganadores de las licitaciones”.

CÓMO LO HACÍA. El fiscal también cuestionó el argumento de la defensa de Asián que consideró que sí se cumplía el arraigo laboral porque era ama de casa.

“Manifiesta que es una ama de casa, de dónde obtenía entonces el dinero para realizar cantidades de campañas propagandísticas, realizar regalos de artefactos. Y eso consta en la carpeta fiscal, a través de fotografías y las declaraciones de los colaboradores”, dijo.

Dijo que no era lógico que se sustente con actividades “tanta campaña” social.

SU PARTICIPACIÓN. El fiscal Nuñez explicó que como parte de la organización criminal Asián participó en una reunión clave.

“Efectivamente estuvo en la reunión antes que se lleve a cabo el allanamiento a La Centralita (13 de julio de 2011) junto a su esposo César Álvarez, Heriberto Benítez, Martín Belaunde, Jorge Burgos Guanilo, entre otros, donde se acordó desmantelar todo el local, porque se les venía un allanamiento del Ministerio Público”, refirió.

Además, indicó el magistrado, cuando César Álvarez estaba detenido en la Divincri, Asián mandó a llamar a la investigada Anabel Tarazona para que le lleve un vídeo y le declare a los medios de comunicación a favor de César Álvarez.

El dijo que la imputación se sustenta en las declaraciones de los colaboradores 1, 6 y 7.