Red de corrupción habría tenido fiscales “"comandos”"

El preinforme emitido por la comisión del congreso que investiga los actos de corrupción perpetrados en Áncash, durante la gestión del expresidente regional, César Álvarez Aguilar, y al que Correo ha tenido acceso, revela en el cuaderno número 16, denominado “Ministerio Público”, que fiscales penales y especializados en delitos de corrupción de funcionarios, tienen filiación política con el movimiento político regional “Cuenta Conmigo”.

Entre todos los documentos que ha recopilado la comisión que preside el parlamentario Mesías Guevara, figura la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°2509- 2012, mediante la cual se nombra al Magno Huaroma Vásquez, en el cargo de fiscal adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa.

Un año después con la Resolución de la Fiscalía N°2492-2013, nombra al mismo abogado en el cargo de fiscal provincial provisional de la Segunda Fiscalía de Casma, pese a que el letrado tendría filiación política con el movimiento político “Cuenta Conmigo”, cuyo máximo representante es César Álvarez Aguilar.

HAY MÁS. La “Comisión Áncash”, también tuvo acceso a la hoja de registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la que se registra a la abogada Silvia Maritza Bonifacio Rosas, fiscal provincial de la Quinta Fiscalía Penal de Huaraz, con filiación al movimiento político Cuenta Conmigo. De la misma manera, el abogado Manuel Chávez Ayala, fiscal Provincial Penal de Corongo, tiene filiación política en el aludido movimiento político, según la hoja de registro de organizaciones políticas del JNE, al que tuvo acceso la comisión.

EL SALTO. Otro documento que ha llamado la atención de la “Comisión Áncash”, es la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°953-2011, del 03-06-2011, que nombra al abogado Hugo Hernández Delgado, en el cargo de discal adjunto de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Áncash.

Esto no tendría nada extraño para la comisión, ni sería de su interés investigarlo, si no hubiera llegado a sus manos el contrato administrativo de servicios N°0002-2010, GRA, del 25-12-2009, del abogado Hugo Hernández Delgado, para prestar servicios profesionales en el Gobierno Regional de Áncash (GRA), durante el periodo de gestión de César Álvarez Aguilar.

EXTRAÑOS DESPIDOS. Otro punto que está investigando la “Comisión Áncash”, es la resolución de la Fiscalía de la Nación, que resuelve dar por concluido el nombramiento de los fiscales anticorrupción, Yeni Vilcatoma de la Cruz, y Juan Toledo Calero; la primera de las mencionadas, investigaba el caso “La Centralita”, cuando la separaron del cargo.

Los parlamentarios de esa comisión, también revisarán al detalle la denuncia fiscal N° 111-2008, contra César Álvarez Aguilar y el caso N.-039-2013, denuncia por enriquecimiento ilícito contra el presidente regional de Áncash, puesto que ambos casos terminaron siendo archivados por supuesta falta de pruebas.

FASTIDIADOS. Otro documento que llamó la atención de los congresistas, es la Resolución N° 1738-2013, que impone la sanción de destitución del fiscal José Checa Matos; suspensión por 30 días contra el doctor Marco Leopoldo De La Cruz Espejo. Multa a los doctores Ricardo Magde Longobardi, Roshan Melgarejo Valenzuela y amonestación a los doctores Carolina Coronel Arce, Gerardo Cerna Emiliano, Edaward Suárez, La Rosa Sánchez, Rocio Pérez Gonzales, Elvio Becerra, Nancy Figueroa, Carlos Barboza, Ruth Gonzales, Yoel Valverde, Percy Segura, Brady Aguirre, todos ellos fiscales anticorrupción.

ANTECEDENTES. La “Comisión Áncash” inició la investigación contra el Ministerio Público, con los indicios de que se habría incorporado a determinado fiscales a la red de corrupción de Áncash. Se presume que estos magistrados se habrían encargado de archivar las denuncias contra los funcionarios de GRA y miembros de la organización delcitiva.

También habrían omitido sistemáticamente trabajos de investigación dejando expirar los plazos, archivando definitivamente casos y generando impunidad. Todos estos fiscales, que todavía no han sido descubiertos, formarían el “soporte legal”, de la organización criminal que operaba en Áncash.

LO PENDIENTE. Dentro de los 180 días que tiene de ampliación para seguir investigando, la “Comisión Áncash”, se ha planteado identificar a todos los miembros del Ministerio Público, que contribuyeron a la comisión de presuntas infracciones a la Constitución; irregularidades y aptos de corrupción.

Se ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, secreto bursátil, reserva tributaria, y movimiento migratorio de los investigados. Recabaran información documentada de los carpetas fiscales archivadas en las investigaciones seguidas contra de César Álvarez Aguilar, Rodolfo Orellana, Martín Belaunde, y otros presuntos miembros de la red delictiva, por delitos de corrupción de funcionarios y otros.

PROHIBIDOS. Cabe indicar, que el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señala que los fiscales no pueden intervenir pública o privadamente en actos políticos que no sean en cumplimiento de su deber electoral. Es más fuentes del Ministerio Público, revelaron que uno de los requisitos que tiene que cumplir los postulantes a un cargo de fiscal, es no estar afiliado a ningún partido o movimiento político.