Suspenso en apelación a condena por caso semáforos

En medio de gran expectativa se desarrolló ayer la primera audiencia en la que se revisó el pedido de nulidad de la sentencia de cuatro años de cárcel que se dictó en contra de la exalcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Victoria Espinoza García, y de su sucesor Julio Cortez Rojas, por el sonado caso de los “semáforos inteligentes”. La diligencia continuará hoy y el Ministerio Público expondrá sus alegatos respecto a su pretensión de que se confirme el fallo de primera instancia por el delito de colusión y se adicione 10 meses más de cárcel para los procesados.

AUDIENCIA. La audiencia inició ayer a las nueve de la mañana en la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, que la integran los magistrados Carlos Maya Espinoza, José Manzo Villanueva y Pedro Rodríguez Huayaney.

La fiscal superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Nancy Moreno Rivera, fue la encargada de sustentar la posición del Ministerio Público. También participó el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, en defensa de los intereses del Estado.

En tanto, el abogado Augusto Cruz Rosell asumió la defensa técnica de Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas. Mientras que el letrado Roger Reyes representó a los exfuncionarios Micaela Flores Gomez, Javier Menacho Méndez y Aquior Mendoza Mendoza. Por último, el abogado Carlos García defendió al empresario chileno Emilio Rivas Gay.

Vale mencionar que en la audiencia de ayer solo estuvo presente el sentenciado Aquior Mendoza, a quien por problemas de salud se le dictó una pena suspendida. En tanto, los otros cinco procesados no asistieron debido a que actualmente se encuentran en condición de prófugos.

Como se recuerda, el cuatro de julio último, el titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal, Efer Díaz Uriarte, halló culpables del delito de colusión a los seis procesados.

El caso está referido a la adquisición de semáforos “inteligentes” para la ciudad de Chimbote, por un monto superior a los 8 millones de soles. Esto ocurrió durante la primera gestión de Victoria Espinoza como alcaldesa del Santa. Según dos peritajes de la Fiscalía, la inversión que se hizo estuvo sobrevalorada en 3 millones y medio de soles.

El juez condenó a cuatro años de cárcel efectiva a Victoria Espinoza y a Julio Cortez, en su condición de exgerente de la comuna provincial. También se dictó la misma sentencia para los exfuncionarios Javier Menacho y Micaela Flores, y el empresario Nicolás Rivas, representante del Consorcio Santa ITS, al que se adjudicó el millonario proceso.

DESARROLLO. Mientras se realizaban los alegatos de apertura, la mañana de ayer, los abogados de los procesados solicitaron que no se permita la intervención del procurador Richard Asmat bajo el argumento de que la Procuraduría no había apelado en ningún extremo la sentencia. Sin embargo, luego de una hora de discusión sobre este pedido, el colegiado resolvió -hasta en dos instancias- que sí era oportuna la participación del abogado del Estado.

Superado esto, el sentenciado Aquior Mendoza dio sus descargos respecto a su participación como integrante del comité que adjudicó la millonaria obra. El exjefe de la Unidad de Logística de la MPS rechazó haberse coludido para favorecer al consorcio que ganó la licitación, en tal sentido aseguró que recién conoció a Nicolás Rivas en el 2016, cuando inició el juicio por este caso. Agregó que el comité que conformó tampoco era el encargado de ver el costo del proyecto, el cual -según la FIscalía- presenta una millonaria sobrevalorización.

Tras un receso, a las 2 y 30 de la tarde se retomó la audiencia. En esta parte los abogados de los seis sentenciados expusieron sus argumentos ante el colegiado con la finalidad de que se anule la sentencia condenatoria que emitió el juez de primera instancia. La argumentación y el debate se prolongó hasta las 4 y 30.

En este punto, el colegiado decidió postergar la audiencia para hoy a las tres de la tarde. Esta vez el Ministerio Público realizará la sustentación de su apelación en el extremo de que se adicione 10 meses más de prisión al fallo de cuatro años. Vale precisar que desde un inicio la Fiscalía pidió como sentencia por este caso de corrupción una pena de cuatro años y 10 meses de cárcel efectiva.