“Vicky” y Cortez buscan que Corte Suprema anule condena de 4 años de cárcel
“Vicky” y Cortez buscan que Corte Suprema anule condena de 4 años de cárcel

Los prófugos exalcaldes de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS),  y Julio Cortez, se juegan su última carta para anular la orden de captura que pesa sobre ellos, luego de la confirmación de la condena de cuatro años de cárcel que les impuso la Primera Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia del Santa por el sonado caso semáforos “inteligentes”.

El último viernes la defensa legal de ambas autoridades presentó el recurso de casación que irá ante la Corte Suprema de Justicia, para que evalúe si es que se anula o no la condena por el delito de colusión.

El plazo para la presentación de la casación vencía aún este lunes 22 de octubre.

TRÁMITE. El documento ha sido ingresado ante la Primera Sala de Apelaciones del Santa. Este despacho deberá evaluar si es que se cumplen con los requisitos para elevarlo ante la Suprema.

Una vez en Lima, el recurso será enviado a un colegiado de manera aleatoria. A su vez, este tribunal deberá deliberar si es que admite o no la casación. Si los jueces supremos optan por la admisibilidad, se convocará a una audiencia única de vista de la causa en la que las partes expondrán sus posturas.

Correo se comunicó con el abogado Augusto Cruz Rosell, quien ejerce la defensa de Victoria Espinoza y Julio Cortez. El letrado se mostró confiado en que la Suprema pueda anular la condena que pesa sobre sus defendidos y que los mantiene en condición de prófugos de la justicia desde el pasado 4 de julio.

“El argumento (de la casación) básicamente son las falencias de motivación de la resolución de la vista que hizo la Sala, a fin de que se dicte doctrina jurisprudencial”, explicó.

Agregó que lo que buscan con su recurso es que se dictamine la absolución de sus defendidos.

Correo pudo conocer que las defensas de los exfuncionarios edilicios, Micaela Flores Gómez y Javier Menacho Méndez, también presentarán el recurso de casación, al igual que el empresario chileno Nicolás Rivas Gay.

SENTENCIADOS. Como se sabe, el pasado 4 de julio de este año, el juez Efer Díaz Uriarte, resolvió dictar cuatro años de cárcel para todos los acusados. El Ministerio Público imputa a Espinoza García, Cortez Rojas y los demás funcionarios haberse coludido con sus demás funcionarios de confianza con la finalidad de favorecer al Consorcio Santa ITS, con la adjudicación para adquirir semáforos “inteligentes” para la ciudad de Chimbote, en el año 2010.

Uno de los elementos más contundentes con los que cuenta la Fiscalía para sustentar su acusación es el peritaje técnico y el contable que coinciden en que en los 8 millones de soles que pagó la comuna por los artefactos hay una sobrevalorización de 3 millones y medio de soles, que originó un perjuicio económico a la municipalidad.

Además en la sentencia se relatan una serie de irregularidades en el proceso de selección, así como también ampliaciones de plazo que se habrían dado al consorcio sin que exista la justificación aparente.

La sentencia que dictó el juzgado - y que ya ha sido confirmada por una instancia superior - establece que los sentenciados devuelvan los 3 millones y medio de soles que se señala como perjuicio, así como el pago de 50 mil soles, a modo de reparación por el daño a la imagen de la comuna provincial.

El procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, reiteró que trabajan en la identificación de bienes de los acusados para proceder a los embargos judiciales a fin de recuperar el dinero presuntamente defraudado al Estado.

“Hemos establecido coordinación con la oficina nacional de la Procuraduría para que se hagan las consultas de búsqueda de bienes a nivel internacional”, mencionó.

También quedaron inhabilitados para ejercer la función pública por espacio de cuatro años.

LOS BUSCAN. Desde el 5 de octubre último Victoria Espinoza, Julio Cortez, Javier Menacho y Javier Menacho Méndez; se encuentran en la lista de “los más buscados”.

El Ministerio del Interior ha fijado como recompensa 10 mil soles para el ciudadano que pueda ofrecer datos a la Policía por su paradero.

En el caso de Espinoza García, es la segunda vez que su nombre y fotografía son expuestas a lado de los requisitoriados más solicitados de todo el país.

Al respecto, su abogado dijo que por el momento no tomarán ninguna medida respecto a la decisión del Mininter por haber incluido a sus patrocinados en esta nómina.

Lo que sí adelantó es que darán “impulso” a la denuncia que interpusieron contra el juez Efer Díaz Uriarte, quien emitió la condena. 

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