La Contraloría General de la República detectó irregularidades durante la implementación del Sistema de Información de Gestión de Transporte en la provincia de Cusco, que ocasionó un perjuicio económico por más de S/ 300 mil a la Municipalidad Provincial del Cusco y no cumplió el objetivo que usuarios y responsables del sistema del transporte acceden a la información real y actualizada.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 003-2025-2-0385-AC se identificó que la entidad adquirió aplicativos informáticos (software) a proveedores que no cumplieron con los términos de referencia, dando conformidad a pesar de que no cumplieron las funcionalidades requeridas, además de que no se encuentran operativos. Esto generó un perjuicio de S/ 214 000.
Con respecto a la adquisición de 20 dispositivos de comunicación de mano, denominados handheld, la entidad no contempló en la compra que los equipos estén homologados de acuerdo a las normas técnicas aprobadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC), lo que originó que los aparatos no operen con las diferentes redes móviles y generó un perjuicio a la entidad de S/ 81 300.
Finamente, se verificó que la entidad realizó la reubicación de las cámaras IP LPR en la avenida 28 de Julio y el Óvalo Los Libertadores (jurisdicción del gobierno regional) a la avenida El Sol con Puente Rosario, lo que propició gastos por S/ 5000.
Adicionalmente, la entidad pagó S/ 400 000 por la compra del video wall (pantalla gigante) y estaciones de trabajo, a pesar de que los equipos entregados e instalados por el contratista no cumplieron la totalidad de las especificaciones técnicas y tampoco efectuó la capacitación al personal.
También, compraron 53 cámaras IP, analíticas y accesorios, incluida la instalación y puesta en funcionamiento para la detección de placas vehiculares, exceso de velocidad, cruce de luz roja a un único postor, cuya oferta por S/ 1 218 000 no cumplió con los requisitos ni plazos. Se identificó presunta responsabilidad penal a los servidores a cargo de ambos procesos de compra.
El informe que evaluó el periodo del 1 de agosto del 2017 al 31 de diciembre de 2022 fue comunicado al titular de la Municipalidad Provincial del Cusco para la implementación de las recomendaciones, así como la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y a la Procuraduría de la Contraloría General de la República para el inicio las acciones penales y civiles, respectivamente, contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos observados.
