El 2016 cierra con tres nuevos conflictos sociales en el país

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 153, correspondiente a noviembre de 2016, en el que se informa de 213 conflictos sociales registrados (156 activos y 57 latentes). Respecto al mes anterior, se incorporaron tres casos nuevos, uno fue resuelto y otro fue trasladado al registro de casos en observación.     

Los casos nuevos se presentaron en Apurímac, Loreto y Piura. En Apurímac, pobladores y organizaciones sociales de la provincia de Andahuaylas reclaman la declaratoria de emergencia de los sectores Salud, Educación y Agricultural. En Loreto, la población y organizaciones del distrito de Lagunas cuestionan la gestión del alcalde por presuntas irregularidades y también exigen la intervención de la Contraloría General de la República. En Piura, pobladores del distrito de Sondorillo reclaman al Gobierno Regional de Piura la provisión de agua y señalan el incumplimiento de la autoridad regional en la ejecución de los proyectos de irrigación para el distrito.    

En Madre de Dios, el caso en la Universidad Nacional Amazónica fue dado por resuelto el 19 de noviembre, cuando la Asamblea Universitaria acordó aprobar el reglamento de evaluación para el cese y/o pase a condición de docente extraordinario al cumplir setenta años. Asimismo, aceptó la renuncia del rector Nicolás Peralta Rosario y designó a un encargado, Eliseo Pumacallahui Salcedo. Luego, los alumnos que tomaron la sede de la universidad cesaron en su medida de protesta. El 25 de noviembre se reiniciaron las labores administrativas y académicas.

El caso del proyecto Chadin II, entre Amazonas y Cajamarca, fue retirado del reporte, debido a que la empresa Odebrecht anunció la suspensión temporal de sus actividades en Celendín, en octubre de 2015, y desde la fecha no ha habido nuevas expresiones públicas de oposición.

Con respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac continúa con la mayor cantidad de casos (25 casos), seguida de Áncash (23) y Cusco (19). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales son los más numerosos (69,5%). De estos, el sector minero registra el 65,5%.       

Se registraron 102 acciones colectivas de protesta, de las cuales el 10,8% corresponde a conflictos sociales. La Defensoría del Pueblo alerta a las autoridades a que actúen prioritariamente en veintitrés situaciones, veinte de las cuales corresponden a posibles nuevos conflictos.