El martes último 12 de agosto, Brasil vivió una tragedia: una explosión en la fábrica de explosivos de Enaex, en Quatro Barras, dejó nueve muertos, siete heridos y daños en viviendas y negocios cercanos. El lugar, diseñado con altos estándares de seguridad, quedó reducido a escombros por la onda expansiva. El incidente encendió las alarmas en Sudamérica.
Lo ocurrido podría repetirse en Perú, y no en cualquier lugar, sino a escasos kilómetros del Centro Histórico de Cusco, donde Enaex opera una planta que produce fertilizantes y además, explosivos.
Luis Hilgert, ingeniero con 40 años de experiencia en el manejo de explosivos y la industria de desarrollo de proyectos industriales en Latinoamerica, Europa, India y Africa, advierte que el riesgo es real. La planta de Cachimayo, instalada en los años 60 para producir nitrato de amonio con fines agrícolas, fue adquirida por este grupo industrial, que incorporó la fabricación de explosivos. Hoy, produce unas tres mil toneladas mensuales de nitrato de amonio y tiene capacidad para fabricar hasta 20 mil toneladas anuales de explosivos.
ACCIDENTES
“Está dentro del casco urbano, a dos kilómetros de la estación de tren de Poroy y a poco más de 10 kilómetros del centro histórico. Tener una planta de explosivos cerca de una ciudad no es recomendable. Tenemos antecedentes de explosiones en Oklahoma donde una explosión destruyó un edificio federal y causó la muerte de 168 personas, Beirut, 2020, donde hubieron 200 muertos y recientemente en Ghana, donde un camión con 10 toneladas de anfo explotó, matando a casi 100 personas”, citó.
En Cusco, la producción anual supera ampliamente las 30 mil toneladas de nitrato de amonio. “El riesgo no está solo en la planta —explica Hilgert—, sino también en el transporte. Camiones cargados con hasta 25 toneladas de emulsiones explosivas cruzan zonas pobladas y turísticas. Un accidente así tendría una potencia destructiva 50 veces mayor que el atentado de Tarata”.
El especialista considera que la planta debería estar a al menos 50 kilómetros de cualquier núcleo urbano. Recuerda que en otros países esta distancia es una exigencia mínima para proteger a la población y su patrimonio, especialmente cuando se trata de ciudades históricas. Mantenerla tan cerca del Cusco, advierte, expone innecesariamente a miles de personas y a un legado cultural que no podría reconstruirse en caso de una tragedia.
LEGALIDAD
Pese a los riesgos, la operación es legal. La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - Sucamec, el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente aplican las normas vigentes y las tablas de seguridad. “El problema —advierte Hilgert— es que esas tablas están hechas pensando en estructuras modernas, no en un centro histórico con valor cultural”.
Ante este panorama, el Ministerio de Cultura y la Unesco deberían interesarse de inmediato, para que evalúen con urgencia la situación y promuevan medidas que garanticen la seguridad del patrimonio y de la población.
Mantener una planta de explosivos a pocos kilómetros del Centro Histórico de Cusco podría anular décadas de trabajo de la población y del gobierno para consolidar a Cusco —que concentra el 80 % del turismo nacional— como destino privilegiado. Los beneficios económicos serían mínimos: “poco más de 30 empleos y un aporte fiscal reducido”, ultimó el especialista.
