Contraloría General de la República del Perú - sede Huancavelica.
Contraloría General de la República del Perú - sede Huancavelica.

El contralor Nelson Shack saludó la iniciativa legislativa para que la Contraloría General solicite directamente a las autoridades correspondientes el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de servidores y/o funcionarios públicos comprendidos en acciones de control.

Consejeros regionales de Huancavelica.
Consejeros regionales de Huancavelica.

Sobre ello, también los consejeros regionales expresaron su respaldo a este proyecto de ley que fortalece las funciones de la Contraloría.

DARÍA A CONTRALOR FACULTAD PARA SOLICITAR LEVANTAMIENTO BANCARIO DIRECTO

El proyecto de Ley Nº 7451/2020-CR, presentado por el congresista Luis Valdez Farias de Alianza para el Progreso, plantea modificar la Constitución y otras normas conexas para otorgarle al Contralor General de la República, en su condición de funcionario de mayor rango del Sistema Nacional de Control, la facultad de solicitar de manera directa, el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil.

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“La Contraloría enfrenta demoras y retrasos en las acciones de control, debido a los trámites requeridos para acceder a dicha información”, informó Shack a través de las sedes de la Contraloría.

“Como dice la Contraloría, de aprobarse la iniciativa, el acceso al secreto bancario, a la reserva tributaria y bursátil, constituirá un instrumento que facilitará las investigaciones para la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional de los servidores y funcionarios públicos”, expresó Fernando Clemente, vicepresidente del Consejo Regional de Huancavelica.

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“Este proyecto de ley, de ser aprobado, fortalecerá las investigaciones de la Contraloría en la lucha contra la corrupción y contra los malos elementos del sector público. Pero que se haga realidad queda en manos de los congresistas”, dijo Ernesto Sánchez, consejero de Angaraes.

Los consejeros regionales expresaron que también deberían devolverle la función sancionadora a la Contraloría.